La Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca solicitó en las últimas horas al Juzgado Federal N°1 la elevación a juicio de la causa que tiene acusado al ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de ese circuito judicial, Néstor Luis Montezanti, como autor penalmente responsable de los delitos -calificados como de lesa humanidad y genocidio- de asociación ilícita, por su vinculación con integrantes de la organización paraestatal Triple A, y de intimidación pública en un hecho llevado a cabo el 26 de agosto de 1974, en el marco de una toma de la sede local de la UTN de Bahía Blanca.
El fiscal general Miguel Ángel Palazzani y el auxiliar fiscal Pablo Fermento, indicaron en su requisitoria que Montezanti formó parte de la organización paraestatal que actuó en Bahía Blanca con el nombre de Triple A, a la que se le atribuye la comisión de 24 homicidios entre los años 1974 y 1975. La existencia de la asociación ilícita fue probada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal bahiense en la sentencia dictada al final del debate en el que fueron condenados cuatro integrantes del mismo grupo.
El otro aspecto analizado por la acusación fue la participación de Montezanti en la ocupación armada de las instalaciones de la Facultad Regional de la UTN entre agosto y noviembre de 1974, hecho que fue calificado como delito de intimidación pública. El episodio fue constatado por numerosas declaraciones de estudiantes que dieron cuenta de la presencia del acusado, quien provocaba al público estudiantil al ingresar al edificio.
La imputación a Montezanti fue formulada por la Unidad Fiscal el 27 de julio de 2015, cuando el ahora procesado todavía se desempeñaba en la Cámara Federal. La audiencia para recibirle declaración indagatoria se concretó el 16 de febrero de 2018. Hasta su renuncia como camarista, la declaración indagatoria no había podido concretarse por la incomparecencia de Montezanti a las citaciones, situación que condujo a su declaración en rebeldía y prohibición de salida del país.
Celebrado el acto, Montezanti fue procesado por el juez Walter López Da Silva el 23 de septiembre de 2020 por los delitos de asociación ilícita e intimidación pública, calificados como crímenes de lesa humanidad. La decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca el 12 de septiembre pasado.
Esta entrada ha sido publicada el 14 de octubre, 2022 10:35
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