La justicia Federal rechazó el pedido de suspensión de juicio a prueba presentado por Alejandro Cantaro y el Fiscal Federal  General deberá afrontar un juicio oral y público acusado de dar protección a una banda narco en nuestra ciudad de la que formaba parte su sobrino.

La resolución la tomó el Tribunal Federal de nuestra ciudad.

El abogado de Cantaro argumentó que en elcaso de su defendido no se podría aplicar la norma que prohíbe ese beneficio a los funcionarios públicos.

“No puede decirse que la omisión de Cantaro de formular una denuncia hubiera configurado un abuso de poder o la intención de incumplir la manda legal de denunciar los delitos que conociera en su calidad de fiscal. pues no fue el Fiscal General quien tomó conocimiento de un delito por una denuncia a través de los canales formales que establece el código procesal y luego decidió ignorarlo sino que fue el ciudadano”, señaló, intentando separar el trabajo como fuscal de la vida privada de Cantaro.

“Alejandro Salvador Cantaro, quien tomó conocimiento que alguien de su círculo íntimo familiar sufría problemas de adicción”, aseguró.

Para evitar el juicio, Cantaro ofreció la suma de cien mil pesos pagaderos en dos cuotas mensuales y consecutivas de cincuenta mil pesos; la realización de 10 horas semanales de tareas comunitarias donde el Tribunal indique o, subsidiariamente, en el comedor del “Hogar Noel” de Bahía Blanca; y someterse durante el término de un (1) año o el plazo que este cuerpo decida al cuidado del Patronato de liberados y al deber de fijar residencia.

Todos esos argumentos fueron rechazados por el fiscal Gabriel González da Silva.

El Tribunal coincidió con la postura de la fiscalía, por lo que Cantaro deberá afrontar el juicio oral.

Cantaro fue procesado por prestar colaboración para que los integrantes de la banda delictiva compuesta por Facundo Texido y Sebastián Gauna San Millan (sobrino del fiscal) eludieran a la justicia y por haber omitido la responsabilidad de realizar la denuncia respectiva del caso.

Entre los agravantes que complican la situación procesal se encuentra su condición de funcionario público, aunque por ese mismo motivo por ahora no irá preso.

El fiscal general está acusado del delito de encubrimiento doblemente agravado, aunque no irá preso por su condición de funcionario público.

Recordamos que en junio último, el fiscal se había presentado a declarar ante el magistrado federal y había negado todo tipo de vínculo con la mencionada banda. Actualmente se encuentra haciendo uso de una licencia por psiquiatría.