En el marco de una investigación realizada por el Fiscal Gustavo Zorzano, titular de la UFIJ N° 10, el Tribunal Criminal N.º 2 – a cargo del Dr. Eugenio Casas – condenó a José Bernardo Burgos a la pena de 15 años y 6 meses de prisión por ser co-autor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe, extorsión en grado de tentativa y extorsión en concurso real de delitos.
A Guillermo Estaban Molina, se lo condenó a la pena de 13 años y 8 meses de prisión, 10 años de inhabilitación especial para el ejercicio de actividades gremiales y 80.000 pesos de multa, por ser considerado co-autor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita y extorsión, en concurso real de delitos.
A Walter Rafael Paíz, se lo condenó a la pena de 8 años de prisión, 10 años de inhabilitación especial para el ejercicio de actividades gremiales y 70.000 pesos de multa, por ser co-autor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita y extorsión, en concurso real de delitos.
A Mario Matías González, se lo condenó a la pena de 6 años y 6 meses de prisión, 7 años de inhabilitación especial para el ejercicio de actividades gremiales y 60.000 pesos de multa, por considerarlo co-autor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita y extorsión, en concurso real de delitos.
Y a Roberto Sabino Ríos, se lo condenó a la pena de 4 años de prisión, y 6 años de inhabilitación especial para el ejercicio de actividades gremiales, por considerarlo co-autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita.
Recordamos que el jefe máximo de la organización, Humberto Monteros, falleció durante la tramitación del juicio a causa de Covid-19.
Según la investigación que llevó a cabo el Fiscal Gustavo Zorzano, y cuyo juicio comenzó el pasado 22 de marzo, se logró recolectar prueba y documentación para vincular a 14 personas que pertenecían a la UOCRA con 47 hechos delictivos que sucedieron desde que Monteros asumió al frente del gremio de la construcción.
Entre los delitos que se les imputan a cada uno, según su participación, se encuentran: asociación ilícita, extorsión reiterada, coacción agravada, tenencia ilegítima de arma de fuego, daño, atentado a la autoridad y amenazas.
Con el correr de los meses varios aceptaron pena e imputacion mediante juicios abreviados. El primero fue el 8 de octubre del 2020, cuando se condenó a David Muñoz. El pasado 25 de marzo fue condenado Carlos Ariel Carrillo. Mas tarde cinco imputados para evitar tribunales, también acordaron penas por adelantado
LA ACUSACIÓN Y LA CAUSA
“Monteros está imputado por los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefe por un hecho y por extorsión reiterada en calidad de coautor por treinta hechos como así también por tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra en calidad de autor, en concurso real de delitos”.
En el caso de Burgos el pedido fue por los delitos de “asociación ilícita en calidad de jefe por un hecho y extorsión reiterada por 29 como así también otros dos en grado de tentativa, todos en concurso real”.
Durante un procedimiento realizado el 11 de enero del 2018, que incluyó varios allanamientos en Bahía Blanca, Monte Hermoso y Coronel Suárez, Monteros y el resto de los dirigentes fueron detenidos.
Monteros fue arrestado en una vivienda de Monte Hermoso, donde se encontraron más de 5 millones de pesos y 100 mil dólares escondidos en bolsas, cajas y bolsos, así como también una pistola calibre 9 milímetros y estupefacientes para consumo. Además hallaron una caja de seguridad con otros 423.309 dólares distribuidos en fajos.
Monteros y Burgos “fueron los jefes de la banda y hasta conformaron empresas familiares que prestaban servicios para la construcción, como baños químicos, transporte, vestimenta y gastronomía” a clientes que “eran rehenes de sus imposiciones
Los otros acusados que aun esperan juicio son: Humberto Monteros, Jose Bernardo Buros, Mario Matías Gonzalez, Guillermo Molina, Walter Rafael Paiz, Carlos Ariel Carrillo, Nelson Damian Cabrera y Roberto Sabino Rios
La acusación mas importante fue para Monteros, Burgos y Molina, quienes ocupaban cargos importantes en la sede sindical y se les adjudica ser dueños de varias de las empresas o pymes puestas a «disposición» de las contratistas.
