Comenzó esta mañana un allanamiento en el destacamento policial de Teniente Origone, localidad ubicada a 70 kilómetros al sur de la ciudad de Bahía Blanca, en el marco de la línea de investigación sobre la presunta responsabilidad de funcionarios y funcionarias de la Policía bonaerense en la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro. Participan también abogados y peritos de la querella y especialistas de la Gendarmería Nacional Argentina.
La medida fue dispuesta ayer por el juez federal Walter da Silva, quien se encuentra interinamente a cargo del Juzgado Federal n° 2 de Bahía Blanca ya que su titular, María Gabriela Marrón, goza de licencia.
Los fiscales Heim y Azzolini, venían pidiendo la concreción de esta diligencia desde el 1° de octubre pasado, cuando la solicitaron por primera vez a la jueza. El rechazo del pedido motivó que los representantes del MPF apelaran la decisión e interpusieran luego una queja por la denegación del recurso. La Cámara Federal admitió primero la queja y luego, en una resolución que se conoció el viernes pasado, hizo lugar parcialmente al recurso y ordenó la medida.
Con el allanamiento al puesto policial, los fiscales pretenden hallar elementos que pudieran haber pertenecido a Facundo Astudillo Castro o rastros de su presencia en el lugar a partir del 30 de abril de 2020, último día en que fuera visto con vida.
Según se reconstruyó en la causa, Facundo habría sido interceptado ese día en un control policial en la localidad de Mayor Buratovich donde fue fotografiado y horas más tarde habría sido interceptado por segunda vez por miembros del destacamento hoy allanado. Sus restos fueron encontrados meses después en el estuario de Bahía Blanca y sometidos a un estudio pericial encabezado por el Equipo Argentino de Antropología Forense que concluyó que su muerte se produjo debido a una asfixia por sumersión. Las circunstancias que llevaron a la aparición del cuerpo en ese lugar son investigadas por los fiscales, que desarrollan varios cursos de acción en base a distintas hipótesis de trabajo.
Peritajes ordenados
En la actualidad se trabaja también con los registros de las comunicaciones de Facundo, peritaje encargado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del MPF, y con el análisis de sus teléfonos celulares, encontrados el interior de una mochila que también fue hallada en el estuario tiempo después de localizado el cuerpo.
Por el estado en que fueron encontradas, las pertenencias serán sometidas a una técnica especial a cargo del Cuerpo de Investigadores Judiciales (CIJ) del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el interior de la mochila había otras prendas de vestir de la víctima, cuyos daños están siendo analizados por la Gendarmería Nacional Argentina.
Entre ellas se habría encontrado el pantalón que tenía puesto en el momento de ser interceptado por la policía por primera vez. No se localizó, y es uno de los objetos buscados, el Documento Nacional de Identidad de Facundo que fuera visto por última vez en el marco del control policial de Mayor Buratovich.
Los datos del DNI fueron utilizados para habilitar dos líneas de teléfono a nombre de Facundo Astudillo con posterioridad del hallazgo del cuerpo, lo cual también es investigado por los fiscales.
También se dispusieron una serie de diligencias sobre la zona del estuario, como la medición de sus mareas, la obtención de partes meteorológicos de la zona, relevamientos con drones, fotos satelitales de alta definición y un recorrido por la zona.
Los fiscales recientemente recusaron a la jueza María Gabriela Marrón por temor de parcialidad, luego de que dispusiera una medida de prueba en el marco de la investigación a cargo de los fiscales. Los representantes del MPF consideraron lo dispuesto por la jueza como una intromisión a su independencia. Solicitaron, también, que se anule la decisión. Ambos pedidos todavía no fueron resueltos.
En paralelo el fiscal Santiago Martínez, de la Fiscalía Federal n° 1 de Bahía Blanca, a cargo de la investigación desde su inicio, se inhibió de intervenir el la causa, pedido que aún no fue resuelto.
Azzolin y Heim, titulares de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), respectivamente, fueron designados el pasado 28 de agosto de 2020 -mediante la Resolución PGN 197/20- para intervenir en la investigación en forma conjunta o alternada con Martínez.
