Onildo Stemphelet, el juez de Ejecución penal de nuestra ciudad, será llevado a jury, acusado de “falta de decoro” al considerarse, que dio órdenes desde un prostíbulo para un procedimiento de la policia
En las últimas horas el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales bonaerenses puso fecha al juicio, y será desde el próximo 15 de agosto
El hecho fue protagonizado por el magistrado el 15 de mayo de 2020, en un departamento de calle Rivadavia al 2200, cuando fue sorprendido en el momento en que daba órdenes a un grupo de policías para que revisaran a una trabajadora sexual con la que había mantenido relaciones.
Según la investigación del Ministerio Público de Bahía Blanca, el juez había regresado al privado porque advirtió que le faltaba la billetera. Entonces, se comunicó con un comisario inspector de la policía bonaerense para que mandara un grupo de efectivos al lugar debido a que había sido víctima de un robo.
Cuando los policías llegaron al departamento les ordenó que revisaran el lugar y a la mujer, cuando, en realidad no tiene jurisdicción para disponer tales medidas debido a que se trata de diligencias judiciales que solamente pueden ser ordenadas por el Ministerio Público.
A partir de la reconstrucción del hecho, los investigadores determinaron que, una hora después de mantener relaciones con la trabajadora sexual en el departamento, el magistrado (a cargo del Tribunal de Ejecución Nº1) volvió al lugar, presentó una credencial y le dijo a la mujer: “¿Sabés quién soy yo? Vas a ir presa por lo que hiciste”, según describió la persona victima.
Según relato de los testigos y de los uniformados, el magistrado llamó a la policía y ordenó a los policías que revisaran el departamento sin contar con la orden de allanamiento correspondiente.
“El juez estuvo permanentemente atrás de los policías. Siempre a los gritos. Me acusaba de haberle robado el dinero y la tarjeta de crédito”, relató la testigo, identificada como Jésica J., de nacionalidad paraguaya y de 33 años, quien ocasionalmente alquilaba el privado para tener encuentros sexuales pagos.
En su presentación ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados, el procurador Julio Conte Grand acusó al juez de propiciar que los derechos de un ciudadano fueran vulnerados, al haber instado a los policías a ingresar en el domicilio de la mujer acusada sin contar con una orden de allanamiento dictada por una autoridad competente y en el marco de su jurisdicción y atribuciones.
“Mándeme un móvil. Tengo que denunciar un robo”, le habría dicho el magistrado al jefe policial desde el improvisado prostíbulo. Esa maniobra tendrá su desenlace cuando Stemphelet sea sometido a juicio para tratar su destitución definitiva
