Se trata de Sergio Daniel Vázquez, Aníbal Alejandro Aranda, Sebastián Octavio Canales, Raúl Ernesto Erbin y Pablo David Gutiérrez quienes fueron acusados de distintos delitos y participaciones en los hechos investigados por el Fiscal Gustavo Zorzano, titular de la UFIJ N° 10.
Sergio Daniel Vázquez fue condenado a la pena de 5 años y 5 meses de prisión de efectivo cumplimiento e inhabilitación especial para ejercer cargo y funciones gremiales y sindicales por el término de 6 años, por habérselo encontrado culpable de los delitos de asociación ilícita y extorsión reiterada (dos hechos) en carácter de coautor.
Aníbal Alejandro Aranda, fue condenado a la pena de 5 años y un mes de prisión de efectivo cumplimiento e inhabilitación especial para ejercer cargo y funciones gremiales y sindicales por el término 6 años por habérselo encontrado culpable de los delitos delitos de asociación ilícita y extorsión reiterada (dos hechos) en carácter de coautor.
Sebastián Octavio Canales, fue condenado a la pena de 7 años de prisión de efectivo cumplimiento e inhabilitación especial para ejercer cargo y funciones gremiales y sindicales por el término de 8 años, por habérselo encontrado culpable de los delitos de asociación ilícita y extorsión reiterada (seis hechos), daño y atentado a la autoridad agravado, en concurso real de delitos.
Raúl Ernesto Erbin, fue condenado a la pena de 5 años y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación especial para ejercer cargos y funciones gremiales y sindicales por el término de 6 años, por habérselo encontrado culpable de los delitos de asociación ilícita y extorsión, coacción y coacción agravada, en concurso real de delitos.
Pablo David Gutiérrez, fue condenado a la pena de 6 años y 6 meses de prisión de efectivo cumplimiento e inhabilitación especial para ejercer cargo y funciones gremiales y sindicales por el término de 8 años, por habérselo encontrado culpable de los delitos de asociación ilícita y extorsión reiterada (cinco hechos).
Resta conocer la situación de Nelson Cabrera y Carlos Carrillo, cuyos acuerdos de juicios abreviados fueron presentados en los últimos días.
En octubre del año pasado, el Tribunal Criminal N° 2 condenó a David Ezequiel Muñoz a la pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación especial para ejercer cargos y funciones gremiales y sindicales por el término de 5 años. Se lo condenó el delito de asociación ilícita en concurso real con extorsión, como autor y coautor respectivamente. Los hechos ocurrieron el 11 de noviembre de 2018 y a comienzos de 2013 respecto de un contratista de la construcción en la localidad de Coronel Suárez.
Los imputados que serán juzgados en el juicio oral y público, que comenzará el próximo lunes 22 de marzo son seis. Se trata de Humberto Monteros, José Burgos, Walter Paiz, Roberto Ríos, Mario Gonzales y Guillermo Molina.
Según la causa, “Monteros está imputado por los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefe por un hecho y por extorsión reiterada en calidad de coautor por treinta hechos como así también por tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra en calidad de autor, en concurso real de delitos”.
En el caso de Burgos el pedido fue por los delitos de “asociación ilícita en calidad de jefe por un hecho y extorsión reiterada por 29 como así también otros dos en grado de tentativa, todos en concurso real”.
Durante un procedimiento realizado el 11 de enero del 2018, que incluyó varios allanamientos en Bahía Blanca, Monte Hermoso y Coronel Suárez, Monteros y el resto de los dirigentes fueron detenidos.
Monteros fue arrestado en una vivienda de Monte Hermoso, donde se encontraron más de 5 millones de pesos y 100 mil dólares escondidos en bolsas, cajas y bolsos, así como también una pistola calibre 9 milímetros y estupefacientes para consumo. Además hallaron una caja de seguridad con otros 423.309 dólares distribuidos en fajos.
Monteros y Burgos “fueron los jefes de la banda y hasta conformaron empresas familiares que prestaban servicios para la construcción, como baños químicos, transporte, vestimenta y gastronomía” a clientes que “eran rehenes de sus imposiciones
La acusación mas importante sería para Monteros, Burgos y Molina, quienes ocupaban cargos importantes en la sede sindical y se les adjudica ser dueños de varias de las empresas o pymes puestas a “disposición” de las contratistas.
Esta entrada ha sido publicada el 15 de marzo, 2021 15:53
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