Es importante aclarar que la Reforma Judicial que promueve el gobierno nacional desde hace meses tiene que ver más con ponerle un freno a los procedimientos que enfrentan los políticos kirchneristas procesados por corrupción que a mejorar realmente el sistema judicial. En la mayoría de esos casos, de acuerdo con las pruebas presentadas, se estaría por llegar a una condena y eso es lo que se quiere evitar impulsando una reforma que no tiene que ver con las prioridades de la mayoría de los argentinos.
¿A cuántos ciudadanos realmente les preocupada o tienen como prioridad una modificación de la Justicia Federal donde se tratan causas tributarias, de drogas y corrupción? No es esa la demanda social en materia de Justicia. En los términos planteados la reforma del gobierno no escucha la demanda de la gran mayoría de los argentinos y por eso, más aún en el actual contexto de pandemia que atravesamos, fue rechazada por la ciudadanía en general.
Si hablamos específicamente de la provincia de Buenos Aires, lejos de tratar de mejorar la justicia, el accionar del gobierno desde su asunción, ha dejado expuesta la intencionalidad de vaciar de recursos a la justicia ordinaria: civil, comercial, de familia y principalmente el fuero penal, que es donde los ciudadanos dirimen sus problemas cotidianos. Esa es la Justicia que preocupa a la gente y sobre ésta el kirchnerismo no ha hecho más que tratar de avasallar su independencia, intentar controlarla y anularla.
En más de un año de gobierno de Axel Kicillof no se ha nombrado un solo juez, ni fiscal. Tenemos 580 vacantes, en una situación descripta como sin precedentes por la Suprema Corte de Justicia provincial, y el Poder Ejecutivo mantiene paralizadas, entre ternas y pliegos aprobados, la mitad de éstas.
Nunca en la historia de nuestra provincia se congelaron, por más de un año, los nombramientos como hace este gobierno con el único objetivo de manipular y anular la Justicia.
Si quisiéramos encarar seriamente una necesaria reforma para mejorar la justicia deberíamos estar debatiendo modificaciones estructurales como de hecho hicimos durante la gestión de María Eugenia Vidal mejorando el proceso de selección y remoción de magistrados; avanzando en reformas en los procesos penales que nos permitan mitigar la inseguridad, la violencia y la impunidad que vivimos y que diariamente se cobra la vida de muchos argentinos. Esas son las prioridades de la agenda ciudadana, muy alejadas de los intereses de la política de gobierno actual.
No necesitamos crear más juzgados federales, ni rever la estructura de la Corte, necesitamos cubrir las vacantes con los jueces más formados y capacitados para garantizar la idoneidad e independencia del poder judicial, dándoles los recursos necesarios para agilizar los procesos y que se puedan brindar respuestas rápidas y eficientes a los reales problemas de los ciudadanos.
En definitiva, no se puede internar engañar a la ciudadanía y con la excusa de una reforma judicial perseguir, en verdad, objetivos políticos individuales que intentan manipular al sistema judicial para frenar las causas de corrupción del gobierno de turno.
Nidia Moirano es Senadora provincial por Juntos por el Cambio
