El sistema de riesgos de trabajo en Argentina enfrenta un panorama preocupante tras registrar en 2024 un incremento del 7% en la cantidad de juicios laborales. Según la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART), durante el año se iniciaron 125.842 nuevas demandas, superando ampliamente las 117.348 registradas en 2023. Solo en diciembre, se contabilizaron 8.910 casos en todo el país, consolidando la tendencia alcista que afecta directamente a empleadores, trabajadores y aseguradoras.
La provincia de Buenos Aires lidera la litigiosidad
El informe de UART destaca que la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de litigios con 50.584 demandas anuales, marcando un incremento del 4,5%. La siguen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con 22.946 casos y Santa Fe, que presentó el mayor aumento porcentual, alcanzando un 21,5% más de juicios (16.439 en total).
Córdoba y Mendoza también mostraron crecimientos significativos con 10.424 y 9.857 demandas respectivamente. En ambos casos, la suba interanual superó el 4%, reflejando un problema estructural que se extiende a varias jurisdicciones del país.
La UART atribuye este aumento en gran medida a la demora de la Justicia provincial en implementar los Cuerpos Médicos Forenses, tal como lo establece la Ley 27.348 sancionada en 2017. Estos cuerpos especializados en medicina del trabajo deberían desempeñar un rol clave al dirimir controversias de manera ágil y sin costo para el trabajador.
Sin embargo, la falta de estos organismos ha generado un cuello de botella que, junto a la aplicación de altas tasas de interés en la actualización de créditos laborales y el incumplimiento de los plazos legales para presentar demandas, ha desencadenado lo que la UART describe como un “efecto boomerang”, llevando la judicialidad a niveles críticos.
Este contexto no solo afecta la solvencia del sistema de riesgos de trabajo, sino que también tiene repercusiones directas en la economía. “Estos niveles de litigiosidad perjudican la estructura productiva en su conjunto: limitan las decisiones de inversión de los empleadores, reducen las oportunidades laborales y socavan la calidad del empleo”, señalaron desde la UART.
La organización advirtió que la situación local es alarmante en comparación con otros países: mientras que la siniestralidad en Argentina es comparable a la de Chile y España, los niveles de judicialidad son hasta 20 veces superiores, encareciendo los costos estructurales y reduciendo la competitividad del país en el escenario global.
En este contexto, la UART y diversas cámaras empresariales, como la Unión Industrial Argentina (UIA), han reiterado la necesidad urgente de cumplir con la normativa vigente. Proponen:
Según la UIA, cumplir con estos lineamientos es esencial para promover una cultura de prevención, mejorar las condiciones laborales y erradicar la denominada “industria del juicio”.
La judicialidad laboral se ha convertido en un desafío estructural que afecta a todos los actores de la economía argentina. Mientras no se implementen las reformas necesarias, las ART, empleadores y trabajadores seguirán lidiando con un sistema que desincentiva el crecimiento y perpetúa altos costos. El año 2025 será clave para evaluar si las autoridades logran avanzar en la resolución de este problema. (Grupo La Provincia)
Esta entrada ha sido publicada el 15 de enero, 2025 15:31
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