El Gobierno de Javier Milei decidió renovar los contratos de unos 40.000 empleados de la administración pública nacional por el lapso de tres meses, hasta fines de marzo de 2025. La medida alcanza a los trabajadores que estaban en una situación de inestabilidad por no ser parte de la planta permanente estatal y se da mientras desde los gremios denuncian una nueva ola de despidos.
Mientras avanza el examen de idoneidad, que ya aprobaron el 95% de los trabajadores según datos oficiales, la administración libertaria decidió prorrogar hasta fin de marzo el contrato de unos 40.000 estatales, pese a que desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que en total son más de 55.000 empleados a los que se les venció el contrato el último día hábil de 2024.
Según datos que publicó en X el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, entre la asunción de Milei y noviembre de 2024 fueron dados de baja casi 36.000 empleados públicos que estaban bajo el régimen de contratación. Mientras que otros 40.000 siguen contratados transitoriamente bajo el artículo 9° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional.
A ellos se les venció su convenio, pero en las distintas dependencias se están firmando renovaciones por otros tres meses. Pese a eso, desde ATE denunciaron en las últimas horas despidos en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en la ex-ESMA, donde 87 empleados recibieron un mensaje por WhatsApp el 31 de diciembre en el que se les comunicaba que ya no debían presentarse a trabajar.
Desde el gremio también detallaron que, con el cambio de año, “se detectaron los primeros despidos en el Ministerio de Justicia, en el Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) -la obra social de los uniformados- y en Parques Nacionales”.
Si bien desde el Gobierno habían puesto como condición para que los trabajadores sigan en el Estado que aprueben el examen de idoneidad, ahora aclararon que otra de las condiciones clave es que los jefes de cada área consideren que la persona cumple una función necesaria. Es decir, el examen no parece ser lo más importante para garantizar la continuidad laboral. (DIB)
