La medida se formalizó a través del decreto 1096. Busca garantizar el “control efectivo de los recursos” y asegurar “la transparencia” en los procedimientos.
Por decreto, el Gobierno modificó el reglamento del régimen de contratación en la Administración Nacional. Este cambio aplica a las universidades públicas. La decisión tiene como objetivo de garantizar el “control efectivo de los recursos” y asegurar “la transparencia” en los procedimientos.
La medida se formalizó a través del decreto 1096, publicado este martes en el Boletín Oficial. Según la normativa, el Ejecutivo eliminó la posibilidad de que las entidades del Estado celebren contrataciones directas con las universidades nacionales.
La decisión del Gobierno se da luego que le ordenara a las altas casas de estudio informen sus gastos, contrataciones y contabilidad a través de los portales COMPR.AR, CONTRAT.AR y e-SIDIF.
La gestión de Javier Milei también derogó los artículos 23, 23 bis y 24 del reglamento que establecían “las bases sobre la procedencia de la adjudicación simple con universidades nacionales” y las organizaciones de la economía social.
Según dictan los considerandos del decreto 1096, el Ejecutivo sustituyó el artículo 14 del régimen actual, relacionado con la contratación directa “con personas físicas o jurídicas que se hallaren inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, reciban o no financiamiento estatal”.
Estas medidas “serán de aplicación a los procedimientos de selección en trámite en los que no se hubiera perfeccionado el contrato o convenio respectivo”. Desde ahora, las contrataciones directas podrán ser “por compulsa abreviada o por adjudicación simple”.
Mediante un decreto, el Gobierno modificó el régimen de contratación en la Administración Nacional vinculada a las universidades públicas. Así, buscan garantizar el control efectivo de los recursos del Estado.
Entre los cambios más importantes se encuentra la redefinición de los criterios para la contratación directa, dividiendo los procedimientos en dos modalidades:
De esta forma, se estipulan nuevos plazos y medios para garantizar la publicidad de los procedimientos, exigiendo al menos tres días hábiles de antelación para presentar ofertas y la publicación de las convocatorias en portales oficiales.
Además, el Ejecutivo derogó los artículos 23, 23 bis y 24 establecidos en el DNU 204/2004 que dictaba la posibilidad de que las jurisdicciones y entidades del Estado contraten de forma directa con las Universidades Nacionales.
Como informó TN, el Gobierno anunció que avanzará con un proyecto para modificar la Ley de Migraciones y permitir que las universidades públicas cobren aranceles a los no residentes. Según un informe del Ministerio de Capital Humano, los extranjeros representan el 4,3% de la matrícula total y la medida del Ejecutivo afectaría a 79.834 estudiantes, que están en carreras de grados.
Para los extranjeros que quieren estudiar en la Argentina, hay una regulación de Migraciones y de la Ley de Educación Superior. La primera establece en su artículo 6 que los inmigrantes y sus familias deben tener un “acceso igualitario” a los derechos y protecciones que gozan los argentinos, en especial en lo referido a “los servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”.
Además, el artículo 7 de la misma norma prohíbe que la irregularidad migratoria sea un impedimento para el ingreso a una institución.
Fuente: TN
Esta entrada ha sido publicada el 17 de diciembre, 2024 10:54
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