El Gobierno derogó esta semana una normativa que había llevado un poco más de certidumbre hace un año a la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial (este último con bajo efecto psicoactivo). De esta manera, según afirman actores clave del rubro, la decisión de la actual administración pone en riesgo la planificación de 56 proyectos y el despegue de un sector que tiene potencial para generar 10.000 puestos de trabajo y exportaciones por u$s50 millones anuales.
A nivel global, el cannabis viene teniendo una significativa expansión en los últimos años debido a la gran variedad de aplicaciones finales que puede tener la planta según su composición, lo cual despierta interés en sectores como el de la salud y la construcción, o en diversas industrias, como la química, la alimenticia o la textil. Según el economista Nicolás Sidicaro, se estima que la producción global de cannabis para uso legal pasó en las últimas dos décadas de 9,5 toneladas a 650 toneladas.
En términos monetarios, un informe de Arcview Market Research y BDS Analytics citado por el economista Andrés López en un documento elaborado para el Ministerio de Desarrollo Productivo en 2021 mostró que el consumo legal a nivel global en 2018 se habría ubicado en torno a los u$s11.000 millones, proyectando para 2024 un ascenso a u$s40.600 millones (aunque más de la mitad correspondería a uso “adulto” o “recreativo”).
Sin embargo, pese al crecimiento citado, el comercio internacional es actualmente muy bajo debido a las restricciones impuestas por los marcos regulatorios en muchos países. En ese contexto, es imprescindible la reglamentación de leyes que permitan conectar a investigadores con productores y proveedores, creando así una cadena de valor que hoy todavía está desarticulada.
La industria del cannabis y el cáñamo industrial en Argentina contaba en un pasado con el marco regulatorio provisto por la Ley 27350 de 2017. Según el mencionado documento de López, ese marco “era tan restrictivo que no permitió el surgimiento de nuevos emprendimientos productivos”.
En ese contexto, en 2022 se promulgó la Ley 27.699 que definió un nuevo marco regulatorio para el desarrollo de la industria, la cual se reglamentó en agosto de 2023, con la Agencia del Cáñamo y Cannabis Medicinal (ARICCAME) como autoridad de aplicación. Esto permitió que el Instituto Nacional de Semillas (INASE) comenzara a registrar genéticas de producción local, ya que sin la reglamentación las empresas tenían que importar los insumos y solo estaban habilitadas a desarrollar proyectos de investigación, sin poder vender productos finales.
Adicionalmente, mediante la Resolución 02/2023, en septiembre del año pasado se estableció un permiso provisorio para la adecuación de autorizaciones previas. A diciembre del año pasado, ARICCAME contabilizaba 56 proyectos aprobados por el Ministerio de Salud y habilitados para readecuarse, los cuales ahora están inmersos en una gran incertidumbre dado que Ignacio Ferrari, actual interventor de la agencia, derogó la resolución e iniciará la reglamentación desde cero, atendiendo en una primera etapa solamente la producción de semilla, grano o fibra no psicoactivo (es decir, con una concentración de THC menor al 1%).
Esta entrada ha sido publicada el 25 de octubre, 2024 10:00
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