El gobierno de Javier Milei aplicó un fuerte aumento de tarifas este año para reducir los subsidios y llevar el precio del servicio de gas, luz, agua y transporte público más cerca de sus costos reales. Si bien esto generó un desgaste político, la gestión logró en menos de un año de mandato recomponer buena parte del atraso tarifario heredado. Para una familia tipo –dos adultos y dos menores– de ingresos medios altos (no recibe subsidios), la canasta básica de servicios en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) le subió 370% de diciembre a septiembre, considerando los aumentos de consumo de gas y electricidad. La inflación acumulada entre diciembre de 2023 y agosto último fue de 144,4%, y en septiembre se prevé que ronde el 3,5%, según las principales consultoras económicas.
Estos datos surgen del informe mensual que realiza el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la UBA y el Conicet. En diciembre, esa familia tipo destinaba $30.105 al mes a pagar los servicios de luz, gas, agua y transporte público. Este mes, sin embargo, destinó $141.543 por esa misma canasta, de los cuales $32.202 fueron a pagar la electricidad, $28.342 al gas, $24.762 el agua y $56.228 el transporte de colectivo.
La buena noticia es que el gasto de la canasta de servicios se redujo 2% respecto del mes anterior pese al aumento de tarifas, debido al menor consumo de gas y electricidad. De hecho, en los próximos meses se espera que el costo de las boletas siga bajando a medida que llegan los días más cálidos, donde cae la demanda gas.
En el AMBA, todos los hogares, independientemente de si son de ingresos altos (N1), bajos (N3) y medios (N2), ya cubren prácticamente el total del costo del servicio de agua. Solo hay una segmentación por ubicación geográfica que aplica AySA para los usuarios residenciales y baldíos cuyos inmuebles se localizan en áreas calificadas con coeficientes zonales bajos, donde se mantiene el subsidio del 15%. Esto alcanza a 1,8 millones y no es necesario realizar ninguna gestión para acceder a este beneficio (a diferencia de la tarifa social, que hay que solicitarla cada año en la página del ente regulador de agua y saneamiento, ERAS).
En lo que respecta al boleto de colectivo, los usuarios del AMBA pagan solo el 31% del costo del servicio, según el informe del IIEP, ya que calculó un costo del servicio por pasajero transportado de $1305. “Entre las principales ciudades del país, ya se observan tarifas por encima de los $1000, como es el caso de Bariloche ($1275), Formosa ($1050) y Rawson ($1031). Luego sigue Corrientes ($990), San Miguel de Tucumán ($950), Paraná, Rosario, Santa Fe, General Pueyrredón (Mar de Plata) y Córdoba ($940), Tandil ($913), Neuquén ($859) y Posadas ($850). Por su parte, las tarifas más bajas del país se encuentran en Mendoza ($650), San Luis ($600), San Juan ($560) y La Rioja ($300). Tomando un promedio ponderado de las tarifas de transporte del interior, su valor medio se ubica en $854, mientras que el boleto mínimo del AMBA se ubica en $371″, dijeron.
En lo que respecta a los servicios de energía, los usuarios de ingresos altos (N1) ya pagan el 90% del costo de la electricidad y el 73% del gas; los de ingresos medios (N3), 40% y 33%, respectivamente, y los de ingresos bajos, 26% y 25%.
“Los usuarios eléctricos industriales y comerciales de la demanda general por distribuidor tienen exactamente el mismo dinamismo que los hogares N1. Es decir, no volvieron a cubrir el 100% de los precios sin subsidio a partir del mes de mayo”, explicó IIEP.
Pese a los aumentos tarifarios aplicados por el Gobierno, el costo que pagan los usuarios por el servicio de gas y electricidad está 31% por debajo del nivel que tenía en abril de 2019, luego del último aumento que aplicó la gestión de Mauricio Macri, según cálculos de la consultora Equilibra.
“Tanto la factura promedio de energía eléctrica como la del servicio de gas del AMBA (sin estacionalidad), aun con los aumentos entre junio y septiembre y el cambio en el umbral de consumo subsidiado, continúan por debajo, en términos reales, a las observadas en febrero de 2019. A pesar de ello, el peso en el salario de las facturas energéticas de septiembre para los hogares de altos ingresos es mayor que en febrero de 2019 y es un reflejo de la caída de los salarios reales”, coincidió el informe de IIEP.
Hasta agosto, el Gobierno destinó $4,4 billones a los subsidios a la energía, lo que implica una suba nominal de 133%, que refleja una caída en términos reales (descontada la inflación) de 37%, según la consultora LCG.
Fuente: La Nación
