Las asociaciones de colegios privados de la provincia van a pedir que se convoque a la Comisión de Aranceles de la Dirección de Educación para conseguir el permiso de actualización de aranceles que se pagarán en agosto, en busca de una recomposición de sus cuotas.
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Luego de las paritarias docentes que terminaron con un incremento del 6,5%, aceptado por el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), se aguarda que en las próximas horas envíen sus respuestas los sindicatos restantes y, tras sellarse el acuerdo formal, llegará el turno de evaluar el pedido de los colegios privados subvencionados.
Según adelantaron desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (AIEPBA), cada vez que hay una suba salarial se pide el aval a la Provincia para la recomposición de las cuotas de los colegios privados subvencionados.
En la Provincia de Buenos Aires hay más de 6.000 colegios privados, de los cuales más de 4.000 reciben ayuda del Estado provincial. La finalidad del subsidio estatal es ayudar al pago de los salarios docentes. El Estado aporta entre el 40 y el 100 por ciento. A mayor porcentaje de aportes, menor es la cuota que pagan las familias.
Por su parte, desde la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (ADEEPRA) se indicó que “la paritaria docente aun no fue publicada y, en consecuencia, no hemos iniciado las negociaciones”.
Cabe indicar que este mes no hubo ajustes en las cuotas, por primera vez en más de dos años. Fue un alivio para las familias que, al parecer, solo durará un mes, ya que en agosto volverán a subir los valores de las cuotas de los colegios privados en la provincia de Buenos Aires.
En lo que va del año y según informó AIEPBA, los aranceles subieron un 80 por ciento en los colegios subvencionados, mientras que los salarios lo hicieron en un 70 por ciento. La situación económica de numerosos colegios privados en la provincia es preocupante ante subas salariales y aumentos de tarifas de luz y gas. Además, hay más de 150 establecimientos educativos que tienen fuertes deudas con el Instituto de Previsión Social (IPS).