El gobierno nacional avanzará con una nueva tanda de desvinculados de personal con contratos del Estado –medida que fue descripta por el portavoz Presidencial como “otra barrida y limpieza”-, que alcanzaría a cinco mil agentes públicos que prestan servicios en calidad de contratados.
“El 30 de junio habrá otra barrida y limpieza”, sostuvo Adorni en la habitual conferencia de prensa diaria: la referencia a la fecha tiene que ver con que caducan contratos temporales, que no son renovados, una modalidad que ya se implementó con anterioridad.
Para el gobierno, el hecho de que sea empleados contratados implica que no se trata de despidos, porque no tienen un contrato que les dé estabilidad como agentes públicos bajo algunos de los regímenes vigentes.
Sin embargo, desde los gremios estatales indican que hay empleados que llevan años con esa forma de vinculación laboral y que en realidad es el Estado el que está en falta por no haberlos incorporado como trabajadores de planta.
Más allá de esa controversia, Adorni se negó a precisar el número de cesanteados y solo ratificó que forman parte de los 70 mil que “están en revisión permanente”, de los cuales unos 23 mil ya fueron dados de baja, de acuerdo a lo que indicó el vocero.
De acuerdo a lo que se pudo saber, serían cinco mil los trabajadores contratados que serían desvinculados.
En ese marco, Adorno dijo que la evaluación de los contratos es “permanente” y que continúen vigentes será por un tiempo y se seguirá evaluando cada uno de los casos de una manera absolutamente quirúrgica para no cometer errores”.
“El objetivo no es que nadie se quede sin trabajo sino los que permanezcan los que tienen una función válida, útil y que agregue valor y los que no, no tiene por qué quitarle un solo peso del bolsillo al contribuyente”, explicó el vocero presidencial.
