Por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 del presidente Javier Milei, en abril las obras sociales tendrán grandes cambios: a partir de ese mes, los trabajadores podrán derivar sus aportes salariales obligatorios a una empresa de salud privada sin intermediación de una obra social. Además, quienes tengan una nueva relación laboral, ya no deberán mantenerse por un año completo en la obra socal del sindicato de la actividad correspondiente, sino que podrán elegir la que deseen desde el primer momento.
Se estima que esta semana quedará oficializada la reglamentación que permitirá la libre opción ampliada a entidades privadas. Esta norma comenzará a regir desde el primer día del segundo mes siguiente a la publicación en el Boletín Oficial.
El DNU 70, firmado por el presidente a pocos días de asumir, dispuso la incorporación de las entidades de medicina prepaga al régimen de la ley 23.660, de obras sociales, lo cual implica que se las habilita a recibir aportes del sistema de la seguridad social. A pesar de esto, hasta el momento todo sigue como antes, dado que es un tema que se ha encontrado con diversas trabas.
Mientras el Gobierno tensiona con la CGT tras la frustrada negociación por el consejo del salario mínimo, vital y móvil, es posible que en las próximas horas sea publicada la normativa en el Boletín Oficial respecto a los últimos cambios en el sistema de salud. La intención del oficialismo es que los trabajadores tengan la libertad de elegir entre derivar los aportes a una obra social o a una prepaga, sin intermediarios.
EL RECLAMO DE LOS SINDICATOS AL GOBIERNO POR LAS OBRAS SOCIALES
El secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri, explicó a La Nación que en 2023 hubo un compromiso por parte del gobierno de Alberto Fernández de entregar $132.000 millones para cubrir los gastos adicionales a los que tienen las obras sociales sindicales, pero que hasta enero de 2024 solo se acreditó la suma $70.000 millones y luego no se pagó más. En concreto, los gremios reclaman los $62.000 millones restantes.
“El panorama es muy incierto”, aseguró Lingeri, al tiempo que precisó que la falta de esos recursos podría impactar en la atención de las prestaciones por discapacidad, una de las más costosas del plan de salud. Los sindicatos se encuentran ante la posibilidad de un ajuste que afectará directamente a las obras sociales que gestionan. Fuente (El Dia)
