El nuevo frente de batalla entre el Gobierno y los gobernadores de las provincias se focalizó en los subsidios al transporte de colectivos. De hecho, en una decisión trascendental, se anunció el levantamiento las ayudas y que no se transferirán más los subsidios.
La determinación, que tiene por objetivo golpear a los gobernadores a los que desde La Rosada se los señala como responsables de la caída de la Ley Ómnibus, genera un tembladeral para todo el sector.
En ese contexto desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) salieron a expresar su «profunda preocupación» por el futuro de los más de 80 mil puestos de empleo directos.
Desde el gremio que lidera Roberto Fernández expresaron que es «responsabilidad exclusiva de las autoridades la determinación de las políticas públicas en materia de transporte de pasajeros ya que la actividad, en nuestro país, se encuentra regulada como un servicio público».
