Las provincias de Tierra del Fuego, Santiago del Estero y La Rioja presentaron el mayor porcentaje de asistencia a víctimas de violencia de género en base al total de su población, según datos del Sistema Integrado de casos de Violencia por Motivos de Género (Sicvg), que registró en los últimos dos años más de 1.000 personas asistidas por mes en el país tras sufrir distintos tipos de agresiones, que en un 80% fueron efectuadas por exparejas.
“Nos impresionó positivamente el fortalecimiento y la creación de áreas de género local y provinciales del último tiempo. Eso nos facilita el abordaje de los casos”, dijo a Télam Josefina Kelly Neila, secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, al analizar los datos publicados recientemente.
En este sentido, explicó que las diferencias en la cantidad de asistencias por provincia “viene dada por la institucionalidad de género, por el vínculo con los municipios, con la provincia”.
Los datos del Sicvg están disponibles para consultarse de manera abierta en un tablero interactivo, disponible en tableropad.mingeneros.gob.ar, que recoge las situaciones de violencia por motivos de género atendidas en el marco del Programa Acercar Derechos (PAD).
El tablero cuenta con la información diferenciada por provincias y por fecha de personas asistidas, las características principales de las situaciones de violencia y de los agresores, como así también del nivel de riesgo y las principales acciones realizadas.
El informe precisó que entre junio de 2021 y junio de 2023 se atendieron 24.119 personas -más de 1.000 por mes- y se realizaron más de 38.800 acciones de asesoramiento y acompañamiento.
La provincia de Santiago del Estero presentó la mayor cantidad de personas asistidas por el PAD, con un total de 2.827 (un 11,7% del total), seguida por Mendoza con 2.486; Misiones, 2.209 y Buenos Aires donde fueron asistidas 2.075 personas.
Sin embargo, la provincia que tuvo el porcentaje más alto de asistencias en base al total de su población fue Tierra del Fuego (0,79%), y le siguieron Santiago del Estero (0,27%) y La Rioja (0,17%).
Mientras, las que registraron el porcentaje más bajo fueron Buenos Aires (0,01%), Santa Fe, Río Negro, Formosa, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires donde se asistieron a 1.312 personas, lo que equivale al 0,04% de su población.
“Argentina es muy diversa y eso hace que cada provincia tenga su forma de trabajar. En Santiago del Estero se trabajó en poder relevar fuertemente los municipios del interior de la provincia. La realidad territorial de género en cada una de las provincias y municipios hace a la variación de números”, explicó la funcionaria.
En esta línea compartió que si bien una de las características del PAD es tener oficinas como espacios de referencia y consulta, su impronta es “recorrer haciendo operativos en espacios públicos y también con organizaciones”.
Los datos muestran que el 28,6% de las víctimas presentaron un “nivel de riesgo altísimo” al momento de la asistencia, y en este sentido, el 23,7% de las personas agresoras tenían antecedentes de violación de medidas de restricción, mientras el 14,2% contaba con acceso a armas de fuego.
En cuanto a las características de los agresores, el 95,1% fueron varones y el 79,9% exparejas; mientras un 6,3% fue la pareja actual, el 3,3% el padre o tutor y el 3% otro familiar.
La violencia doméstica fue la más frecuente registrada (94,8%), frente a la institucional (2,2%) y la laboral (1,7%); y la conducta violenta más repetida fue la violencia psicológica (88,9%), seguida de la física (82,2%), económica y patrimonial (62,3%), simbólica (37,2%), ambiental -cuando la agresión se dirige a elementos del ambiente como golpear una mesa o una pared y no directamente a las personas- (32,2%) y sexual (23,4%).
“A partir de la línea de fortalecimiento de acceso a la justicia del PAD tenemos al cuerpo de abogados y abogadas para víctimas de violencias por motivos de género. Lo que nos sorprende es que la mayor demanda que ingresa es por alimentos”, resaltó Neila.
Sin embargo, advirtió que, según un relevamiento sobre acceso a la justicia en los abordajes del PAD, en el 76% de los casos que acompañan “las sentencias de cumplimiento de cuota alimentaria no se respetan”.
Además, en los casos de violencia física, “el tiempo promedio para que otorguen las medidas de protección es de más de 24 horas en el 66% de los casos, cuando debería ser inmediata”, destacó.
Con respecto a las condiciones de las víctimas, el 96,6% fueron mujeres de entre 18 y 59 años.
Los datos públicos relevaron la intersección con otras características que frecuentemente están asociadas a condiciones de mayor vulnerabilidad.
El 8,8% del total de víctimas (2.122 personas) nacieron en otro país, mientras 554 eran indígenas, 337 tenían discapacidad, 313 eran refugiadas, 192 se encontraban en conflicto con la ley penal, 144 estaban en situación de trata y 72 eran afrodescendientes, mientras el 1,2% era lesbiana, 1,1% gay y 0,9% bisexual.
En relación a su situación económica, lo cual está relacionado con la posibilidad de salir o no de una situación de violencia, solo el 38% tenía declarada actividad remunerada, mientras un 41% residía en una vivienda prestada o cedida y el 8,4% en una alquilada con de la persona agresora.
Para dar respuesta a la vulnerabilidad económica de las personas afectadas, Neila detalló que desde el PAD ofrecen el Programa Acompañar, que brinda un apoyo económico por seis meses a quienes estén en situación de violencia de género, y el Fomentar Empleo, que busca facilitar la inserción laboral.
“Es una problemática compleja que atraviesa a toda la sociedad en su conjunto, independientemente de su situación económica”, por lo que es necesario “trabajar la prevención de las violencias en todos los ámbitos”, expresó.
Del total de personas asistidas, el 30,6% recibió medidas de protección, como prohibición de acercamiento (49,4%), exclusión del agresor de la residencia común (21,6%), botón antipánico (15,7%), medidas de seguridad en el domicilio (7,6%), restitución de bienes y efectos personales (3,5%) y secuestro de armas en poder del agresor (2,5%).
A su vez, fueron asistidas con intervención estatal un 45,6%, siendo la policial la intervención más frecuente (50,1%), seguida de la judicial (55,5%), centros de salud (27,4%) y dispositivos territoriales de protección (4,7%).
“A partir de que las abogadas del PAD acompañan los procesos, en el 100% de los casos que acompañamos hay una mayor comprensión en las distintas etapas del proceso judicial, que muchas veces es muy complejo”, resaltó Neila, y advirtió que “es una competencia que debería realizar el Poder Judicial, pero en la mayoría de los casos no sucede”.
“La mayor demanda actual, además de fortalecer las políticas del Poder Ejecutivo, es la reforma judicial”, concluyó. (NA)
Esta entrada ha sido publicada el 21 de julio, 2023 14:29
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