En la carta que presentará este miércoles el Gobierno ante la Cámara baja, solicitando el inicio del juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Alberto Fernández y los 11 gobernadores que acompañan con sus firmas acusan al Máximo Tribunal de poner “en riesgo el equilibrio republicano”, y de esta manera terminar “afectando seriamente la gobernabilidad y la estabilidad institucional”.
La carta está dirigida a Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, y el inicio del proceso institucional de juicio político alcanza al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y al resto de los miembros, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, “por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones”, refiere el escrito.
“Un Poder del Estado que decide, arbitrariamente, invadir las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes de aquel, quebrantando así los pilares básicos en los que se asienta un sistema republicano de gobierno, en especial el principio de división de poderes (…) pone en riesgo el equilibrio republicano de nuestro Estado de Derecho, afectando seriamente la gobernabilidad y la estabilidad institucional”, dice la misiva.
Dura acusación: Rosatti “ha desarrollado operaciones políticas a través de arbitrarios fallos judiciales”
El presidente del Máximo Tribunal es el principal apuntado en el pedido de juicio político. De hecho, originalmente se había acordado que fuera el único, pero finalmente se agregó el resto de los miembros de la Corte, por realizar “hechos escandalosos, irregulares e ilegales”, dice la nota.
En cuanto al titular de la Corte, el escrito considera que “Horacio Rosatti, a través de Silvio Robles (su vocero y persona de máxima confianza), ha desarrollado operaciones políticas específicas ejecutadas a través de arbitrarios fallos judiciales”.
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Tras señalar que “Rosatti, en su inconfesable vocación cesarista, ha diseñado una maniobra arbitraria e ilegal”, dice que “asumió en primer lugar y de forma irregular la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; posteriormente, tomó por asalto el Consejo de la Magistratura, órgano de carácter constitucional, a través de un fallo judicial que resucitó una ley expresamente derogada por el Congreso de la Nación y, finalmente, a través de otros fallos y acordadas manipuló la integración del Consejo a los efectos de obtener las mayorías que le sean más beneficiosas, en un franco alzamiento e invasión a las facultades propias y excluyentes del Congreso de la Nación”.
En este contexto, la carta suma al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, que pidió licencia tras conocerse chats que lo involucraban. “En representación de Rosatti, indicó a D’Alessandro cómo debía proceder la alianza opositora en el Congreso de la Nación, a los efectos de poder obtener de esa ilegal manera una mayoría propia en el Consejo de la Magistratura”, dice.
Pedido de juicio político para Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti
El pedido de juicio político incluye también a Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti, fundamentalmente por la acordada por el Consejo de la Magistratura. “En el dictado de ese fallo los magistrados mencionados decidieron arbitrariamente declarar vigente una ley que el Congreso de la Nación había expresamente derogado, afectando de esa forma el sistema normativo y jurídico de este país y avanzando indebidamente con facultades legislativas que les están expresamente vedadas por mandato constitucional”, dice el escrito.
También recordó el amparo presentado por el senador Luis Juez, al que hizo lugar la Corte, que rechazó la división del bloque del Frente de Todos. “La Corte avanzó indebidamente sobre la autonomía de la Honorable Cámara de Senadores, al determinar de forma arbitraria y autoritaria cómo debían organizarse los bloques en dicha Cámara”, cuestionó.
En el mismo sentido, señala que “la gravedad de los avances realizados por la Corte no culminan allí”, dado que “semanas después hizo lo propio respecto de la Honorable Cámara de Diputados, con similares argumentos, pero para resolver exactamente en sentido contrario”.
“La Corte avanzó indebidamente sobre las facultades del Poder Legislativo de la Nación al declarar la validez de una norma que había sido expresamente derogada por éste; posteriormente invalidó resoluciones de las presidencias de ambas cámaras, desconoció sentencias de jueces inferiores competentes en causas vigentes y análogas, lo hizo por fuera de una decisión jurisdiccional (mediante una Acordada) y de esa forma conformó de manera ad hoc una integración del Consejo de la Magistratura que sea afín a los objetivos políticos que la Corte persigue desde el dictado del primer fallo”, argumenta.
La pelea por la coparticipación, en el eje
La pelea por los fondos coparticipables es lo que terminó impulsando el pedido de juicio político y el acompañamiento de los gobernadores. Según la misiva, al dictar una medida cautelar a favor del Gobierno de la Ciudad implica que la Corte se arrogó “facultades legislativas que no le corresponden”, ya que “ordena que el Estado Nacional se abstenga de aplicar una norma plenamente vigente”.
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Apunta también que deberá entonces modificar las partidas presupuestarias del Presupuesto 2023, que ya fue votado por el Congreso. Según acusa, la Corte “está instruyendo, tanto al Poder Ejecutivo Nacional como al Poder Legislativo Nacional, cómo distribuir los recursos, cuando esta tarea le compete, de forma exclusiva, a estos dos últimos”.
Al respecto, advierte que “por esta decisión de la Corte las provincias se ven económicamente afectadas, toda vez que el incremento del porcentaje de la masa coparticipable asignado a una determinada jurisdicción favorece a ella en detrimento de las otras regiones del país”.
“Resulta evidente que la decisión adoptada por los Ministros de la Corte es eminentemente política y por ende, como tal, debe ser analizada bajo el prisma del enorme impacto político y económico que provoca dentro del esquema de coparticipación federal”, reclama.
En este sentido, recuerda que la Nación, con el apoyo de la mayoría de las Provincias, “estableció y demostró la arbitrariedad manifiesta del aumento que recibió la Ciudad Autónoma” y considera que “la nulidad insalvable de esos acuerdos no fue siquiera seriamente considerada por la Corte”.
“Se trata entonces, ni más ni menos, de un decisorio que promueve el fortalecimiento irregular de un distrito, de una estructura partidaria y del financiamiento de futuras candidaturas” agrega.
Fuente: TN
