El juicio contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros exfuncionarios se reanuda este viernes en la octava audiencia de alegatos que están presentando los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ante el Tribunal Oral Federal 2 por presuntos hechos de corrupción ocurridos en los gobiernos kirchneristas.
Se trata de la octava de las nueve audiencias solicitadas por los fiscales, quienes ya anunciaron que culminarán su exposición con pedidos de condena para los trece imputados de la causa, entre los que se encuentra la exmandataria. Además, se da en el marco del rechazo de la Justicia en el pedido de apartar tanto a los acusadores como a dos de los jueces por vínculos con Mauricio Macri.
La fiscalía aseguró en las audiencias anteriores que en esas adjudicaciones hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos, mientras las defensas, que esperan su turno para alegar, plantearán que las obras fueron realizadas y que si alguna no se terminó fue por abandono atribuido al gobierno de Juntos por el Cambio.
Cuando finalicen los alegatos de las fiscalías, los abogados defensores buscarán utilizar en su favor todo lo ocurrido durante el juicio que lleva más de tres años, en el que testigos de los más variados rechazaron que hubiera habido irregularidades en la asignación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
LA FISCALÍA DESCARTÓ QUE LOS JEFES DE GABINETE KIRCHNERISTAS TENGAN RELACIÓN CON LOS HECHOS DE CORRUPCIÓN
Por el juicio pasaron todos los exjefes de Gabinete de los gobiernos kirchneristas, entre ellos el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, quienes descartaron que se hubiera direccionado la obra pública en favor de algún empresario en particular y detallaron cómo es el proceso de elaboración de los presupuestos nacionales y de la asignación de obra pública.
En ese marco, en la última audiencia que se realizó el pasado martes, el fiscal Diego Luciani adelantó que “sería desacertado inferir que los exjefes de Gabinete hayan podido recibir órdenes de sus superiores jerárquicos, Néstor y Cristina Kirchner, a los fines de direccionar o beneficiar a Lázaro Báez”.
“Esto es así porque la obra pública ya venía dirigida desde un nivel anterior a aquellas limitadas intervenciones que tenían los jefes de Gabinete”, agregó.
La dura acusación de Luciani habló de que “la asociación ilícita duró 12 años” en donde apuntó contra la actual vicepresidenta y remarcó que “al Congreso le mintieron” producto de la presentación de presupuestos para las obras públicas que llevó a cabo la empresa del empresario K, Lázaro Báez.
Fuente: vía país
