Se trata del tributo que impulsó el Gobierno en medio de la pandemia del coronavirus con el fin de recaudar dinero en el momento de crisis.
El Impuesto a la Riqueza generó una vez más un nuevo golpe para el Gobierno después de que la Justicia Federal de Corrientes declarara que este tributo que impulsó el kirchnerismo dentro del Frente de Todos es “confiscatorio”. La noticia golpeó fuerte al gobierno, que tenía el argumento de que esta medida impositiva se aplicaba en todos los países del mundo.
Con Carlos Heller como uno de los pricipales impulsores, el “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” había sido lanzado en medio de la decisión del Gobierno de lanzar programas de ayuda económica para los sectores más golpeados por el coronavirus.
El fallo llegó por parte del juez correntino Gustavo del Corazón Fresnada que hizo lugar al pedido de Manuel Ulises Instra contra la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En su dictamen, señaló la inconstitucionalidad porque el tributo viola “garantías y principios constitucionales”.
Fresneda remarcó que el Impuesto a la Riqueza se implementó como un tributo, no como un aporte. Este es uno de los puntos clave para los especialistas.
El Impuesto a la Riqueza provocaría una “manifiesta inadmisible absorción de la renta y el patrimonio, ya gravados por Ganancias y Bienes Personales, excediendo los límites razonables de imposición y resultado confiscatoria y violatoria del derecho a la propiedad a la luz de la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, señaló en el fallo.
Y, por último, remarcó en el escrito: “El examen minucioso de las constancias de la causa me conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca la garantía constitucional de inviolabilidad de la propiedad privada y afecta de manera inadmisible el principio de no confiscatoriedad, dado que quedó probado con la pericia y la documentación contable respaldatoria de modo concreto y categórico lo desmesurada que resulta la carga impuesta, y la misma restringiría de manera inadmisible su patrimonio y desnaturalizaría totalmente el derecho de propiedad del actor”.
La “Ley de Aporte Solidario y Extraordinario” fue sancionada a fines de 2020, para hacer frente a los gastos económicos que había dejado la pandemia del coronavirus en un primer año con cuarentenas que se extendieron a lo largo del año.
El Gobierno preveía recaudar alrededor de 400 mil millones de pesos, sin embargo, un año más tarde -en diciembre de 2021-, la AFIP informó que el fisco recolectó $237.300 millones, poco menos del 60% de lo esperado, abonado por más de 10.000 personas.
Fuente: vía país
Esta entrada ha sido publicada el 9 de agosto, 2022 11:28
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