La norma impactaría sobre contenedores de productos de limpieza, higiene, alimentos, bebidas y medicamentos, y podría ser aprobada antes de fin de año en el Congreso.
La Ley de Envases, que podría aprobarse antes de fin de año en el Congreso, está despertando polémica en el sector empresarial y esperanza en el de los recuperadores urbanos. Se trata de una norma que gravaría con un 3% los envases de productos como los de limpieza, higiene, alimentos, bebidas y medicamentos.
Es una tasa que se aplicaría sobre el precio mayorista de venta. Así, si una bebida cuesta $100, $3 de ese valor corresponderían a la Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida (Tarep) que crea la norma.
La Tarep financiará la creación de un Sistema Nacional de Gestión de Envases (Sinage) que monitorea los sistemas de gestión de envases con ayuda de las cooperativas de reciclaje y los recuperadores urbanos.
El Estado argumenta que hay 45.000 toneladas diarias de residuos sólidos y que cerca de un 20% está constituido por envases.
Además, el Ministerio de Ambiente asegura que las empresas no se hicieron cargo lo suficiente de la gestión de los envases postconsumo, a pesar de que hay una tendencia global a intentar reducirlos.
En este momento, los envases postconsumo se gestionan con iniciativas del sector privado (con sistemas propios de recolección y reciclado) y del sector público. No hay ley marco que los ordene.
El Estado entiende también que una iniciativa de este tipo protegerá el medioambiente y fomentará el empleo “verde”.
En diálogo con TN, Federico Fagioli, diputado nacional por el Frente de Todos que recibió el proyecto de manos de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), señaló que la tasa “busca desalentar y reducir los componentes más dañinos para el ambiente y premiar aquellos envases que tengan mejores características de reciclabilidad, incidencia ambiental, ecodiseño e incorporen materiales reciclados en su composición”.
Algunas cámaras empresariales enviaron comunicados oficiales y otras se pronunciaron extraoficialmente. Sin embargo, el tono no es tan aguerrido como en otras medidas poco amigables para el sector privado. Sucede que nadie quiere quedar como “el malo de la película” en medio de un auge de un consumo cada vez más consciente y sustentable.
Copal, la entidad que representa a más de 14.500 empresas de alimentos y bebidas, explicó que coincide en la importancia de contar con una Ley de Envases, pero detalló que está en contra del proyecto porque “no garantiza la reducción progresiva de residuos de envases” sino que se focaliza “en financiar a recuperadores informales”.
Los recuperadores urbanos entienden que la iniciativa pondrá en valor y reconocerá su rol como trabajadores y trabajadoras dentro de la economía formal, además de facilitar la apertura de nuevos centros de reciclado y fortalecer a las cooperativas.
En otros términos, la recaudación obtenida a través del impuesto serviría para la creación de programas que beneficiarán a los cartoneros.
Jacqueline Flores, secretaria general de la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), señala: “Lo que pretendemos a partir de esta ley es que nos empiecen a ver como lo que siempre hemos sido: trabajadores de la economía popular”.
Y estima que “entre 150 y 200 mil cartoneros” se beneficiarán con la Ley de Envases. “Solo en la Federación somos 20 mil”, dice.
Según Flores, la Ley de Envases “viene a visibilizar años de exclusión e imparte un poco de justicia”. Y agrega: “Son las manos cartoneras las que impiden el colapso de nuestras ciudades. Esta ley es un paso hacia adelante en hacernos cargo del enorme deterioro que sufre nuestra casa común”.
Las empresas concuerdan en que puede haber una ley marco para gestionar envases, pero no coinciden en la manera en la que se gestionarán con esta norma.
Según Copal, un sistema más atinado sería una cooperación entre los sectores público y privado con aportes de las empresas en función de las toneladas puestas en el mercado según el material.
Según Fagioli, “los más afectados son los municipios, que gastan absolutamente todos sus recursos en enterrar la basura. De sancionarse esta ley, contarán con financiamiento disponible para gestionar los residuos y, de esta manera, enviarlos a la industria”. Y agrega: “La ley promueve los ecodiseños, apunta a reducir, reciclar, valorizar y, como última opción, enterrar”.
Por su parte, la industria de higiene personal y del hogar (nucleada en Alpha, Cadea y CAPA) también dijo estar a favor de una Ley de Envases, pero que el sistema de gestión de envases postconsumo se debería financiar con aportes determinados “en función de los diferentes tipos de envases y/o materiales que los componen”.
Por otra parte, aseguran que el aporte “debería conllevar a la reincorporación de los materiales recolectados”, es decir, “la entrega a la industria de los materiales recuperados por el sistema de gestión ya sea en forma física o como crédito producto de su venta” para evitar el impacto de la tasa en el costo del producto.
Cilfa, Caeme y Cooperala, las cámaras que nuclean a los laboratorios, le enviaron una carta a la ministra de Salud, Carla Vizzotti. En la misiva expresaron su preocupación “por el impacto económico negativo del proyecto”.
“Pretender gravar la distribución mayorista de medicamentos y vacunas con una alícuota que puede llegar al 3% del valor de venta resulta a todas luces excesivo e innecesario en circunstancias que la principal política del Gobierno Nacional es disminuir la inflación”, se lee en la carta.
Tanto los laboratorios como la industria de higiene y limpieza y de alimentos y bebidas estuvieron en el ojo de la tormenta por sus conversaciones con el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. Los productos que producen estarán congelados hasta el 7 de enero de 2022. Para el primer sector, fue un acuerdo voluntario. Para los demás, un decreto.
También la industria vitivinícola se pronunció en el mismo sentido. “Apoyamos toda iniciativa tendiente al cuidado del ambiente, pero no compartimos que la forma de implementarlo consista en la aplicación de un impuesto que se suma a la ya insostenible carga tributaria que tenemos”, dice el comunicado de Bodegas de Argentina.
Fagioli, integrante de Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano en Diputados, remarca: “Frente a los discursos que estuvieron circulando en los últimos días, es importante aclarar que la tasa ambiental que pagan los productores no es un impuesto, sino una contribución para evitar el enterramiento y, de esta manera, que se gestionen los residuos”.
En esa dirección, profundiza: “Si se traslada el precio al consumidor, aspecto que desalentamos, el impacto proyectado es de apenas el 0,6 punto porcentual. Es decir, menos de un punto. No es un impuesto ni es del 3%”.
Y concluye: “El tope del 3% busca salvaguardar, para casos muy particulares, el impacto que la implementación de la tasa pueda tener sobre el costo del producto. Por ejemplo, los casos donde el costo de la gestión del envase sea elevado en relación al precio mayorista del producto”.
Fuente: TN
Esta entrada ha sido publicada el 19 de noviembre, 2021 07:01
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