El 16 de septiembre el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó en el Congreso el proyecto de ley de Presupuesto 2022. La iniciativa, cuyo análisis legislativo sigue demorado por la interna del Gobierno tras la derrota electoral en las PASO, establece, entre otras falencias, fondos para la protección de los bosques nativos que representan apenas al 3% de lo que debiera destinarse de acuerdo a lo establecido por ley.
En su Artículo 18 el Presupuesto 2022 asigna al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos un monto de $1.212 millones y al Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de $120 millones.
La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos no podrán ser inferiores al 0.3% del Presupuesto nacional.
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Ese 0.3% para 2022 debería ser de $40.009 millones, lejos de los $1.212 millones estipulados en este proyecto. El Fondo también debería recibir el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración.
Doce años de recortes presupuestarios para la protección de bosques nativos
De acuerdo a la Fundación Vida Silvestre, el desfinanciamiento crece año a año -con un muy leve repunte en 2017- hace por lo menos 12 años: si en el 2010 los fondos representaban el 36,6% de lo establecido por la norma, en 2022, de mantenerse el proyecto oficial, representaría el 3%.
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En el “Diagnóstico actualizado del estado de implementación – Ley N° 26.331″ publicado el año pasado y elaborado por la Fundación Vida Silvestre y FARN, se realiza una revisión histórica desde la sanción de la Ley de Bosques Nativos y se identifican los principales problemas de su implementación, entre los cuales se destacan:
- La desfinanciación sistemática de la Ley: desde su sanción no ha habido un período donde el presupuesto asignado por el Congreso Nacional se correspondiera con lo que expresamente la norma establece, y la Ley recibió mucho menos del 10% de lo que le correspondería.
- Dificultades en los procesos de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): tanto en su elaboración como actualización, han sido y continúan siendo procesos lentos y con deficiencias que incluyen el incumplimiento de plazos predeterminados por la Ley y fallas en la participación ciudadana requerida.
- Falta de definición de metas, indicadores y evaluación de impactos: no se han acordado y adoptado oficialmente metas cuantitativas de los objetivos de protección de los bosques nativos, indicadores de desempeño de los instrumentos de gestión, una metodología oficial y única de valorización de los servicios ambientales y sociales que brindan los bosques nativos y una evaluación de los impactos sociales y ambientales.
- El 50% de la deforestación es ilegal: si bien con la Ley de Bosques Nativos se ha dado una baja progresiva en la tasa anual de la deforestación en Argentina, en 2018 el 50% de la deforestación fue en zonas rojas o amarillas (que suponen restricción). Esto es evidencia de que parte de la pérdida de bosques nativos responde a prácticas ilegales, consecuencia de niveles de control y fiscalización bajos, y de sanciones insuficientes por parte de las autoridades competentes.
- Pocos Planes de Manejo, Conservación y Formulación: aún es muy baja la superficie de bosques nativos bajo estos planes y existe gran dificultad de acceso a dichos planes por parte de los sectores más relegados y vulnerables, como son los pueblos originarios y campesinos, que viven y dependen del bosque.
- Gestión y rendición de fondos: la ejecución y rendición de los fondos por parte de las Autoridades Locales de Aplicación es una cuestión que amerita mejoras urgentes, desde su creación y puesta en marcha el procedimiento se ha ido ajustando a fin de hacerlo más eficiente, no obstante en la actualidad muchas jurisdicciones adeudan rendiciones que dificultan la asignación de mayores fondos por parte de la Autoridad Nacional de Aplicación.
El Presupuesto otorgaría solo $ 2 por mes y por hectárea para el cuidado de bosques nativos
Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre afirmó: “Según el ordenamiento territorial de bosques nativos, Argentina cuenta con más de 50 millones de hectáreas de bosques en toda su extensión, que no pueden cuidarse con un presupuesto de 1.212 millones de pesos al año. En definitiva estamos pensando que 25 pesos alcanzan para cuidar una hectárea de bosque un año completo, un aproximado de 2 pesos por mes por hectárea”.
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En la Argentina existen cerca de 30 millones de hectáreas de bosques nativos según las evaluaciones realizadas entre 2005 y 2009 por la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), o 54 millones de bosques nativos protegidos bajo la ley de bosques.
Estas discrepancias en los números se explican por dos motivos, la metodología utilizada y la definición de bosque. En los trabajos de UMSEF e INTA se obtienen los resultados a través el análisis satelital a una escala nacional o regional. Por el otro lado, los ordenamientos territoriales lo realizaron cada una de las provincias utilizando las fuentes que consideraban más exactas para su jurisdicción. En cuanto a la definición de bosques, se llegó a un consenso en el marco de la Ley 26.331, pero fue a posteriori de estos mapeos. Por lo cual, existe un proceso de adecuación de las cartografías a esta definición.
De acuerdo a los últimos datos, en diez años, entre 2007 y 2017 Argentina perdió 3.324.753 hectáreas de tierras forestales; un promedio de algo más de 300.000 has cada año.
Fuente: TN
