Fue el primer anuncio después de la derrota, así que captó la atención de quienes seguían el día después de las elecciones PASO 2021. Aunque estuvo lejos de atender la demanda de “aliviar el bolsillo” que se escuchó en las urnas, el proyecto de ley Compre Argentino se presentó con bombos y platillos: según el Gobierno, permitirá ahorrar US$500 millones al año y generará, además, 30.000 empleos.
La premisa básica de la ley Compre Argentino es que el Estado tiene un peso muy importante en las compras a nivel nacional y que, con ese poder, puede llegar a desarrollar industrias y acelerar procesos de innovación tecnológica que, de otro modo, tardarían más en lograrse sin esa “espalda”.
El proyecto promueve una mayor participación de la industria nacional y las pymes en las compras públicas, según lo presentaron oficialmente. Es una reformulación de la ley original de Compre Argentino, sancionada en 2018.
Fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo explicaron que aquella norma original tenía algunas dificultades para su implementación y que esta “reversión” fue conversada con empresarios pyme e industriales, los principales beneficiarios.
Entre esos detalles que faltaba ajustar, señalaron que la norma original no alcanza a sujetos con marcado poder de compra (como PAMI), que es de difícil seguimiento y monitoreo y que tiene dificultades para garantizar la equidad y accesibilidad a la industria local,como las herramientas para que las empresas hagan frente a los elevados costos para participar de las contrataciones.
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En este nuevo régimen, se amplía el alcance a nuevos sujetos, se crea el Programa Nacional de Compras Públicas para la Innovación y se elevan los márgenes de preferencia (diferencia de precio que puede tener una empresa nacional) para micro, pequeñas y medianas empresas -y aun más si son firmas que promuevan la perspectiva de género-.
También promueve el desarrollo de la industria nacional a través de las compras públicas en sectores estratégicos y garantiza el acceso a la información para fortalecer el cumplimiento del régimen. Además, incentiva el desarrollo de proveedores nacionales para empresas de sectores como la minería y los hidrocarburos.
Finalmente, se crea el Fondo Fiduciario Público para el Compre Argentino (FoCAr) para generar mejores condiciones financieras de acceso a las compras públicas, a través de instrumentos tales como el otorgamiento de préstamos o bonificación de tasas y otorgar garantías, entre otros.
Las compras del Estado representan el 13% del PBI, o sea, de la economía en su totalidad. Por eso, desde el Gobierno se asegura que, con su poder de adquisición, puede aumentar la producción nacional con un foco federal, generar mayor empleo, incrementar la inversión en Desarrollo e Innovación y ayudar a que crezcan nuevos sectores productivos.
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De esa manera, entonces, promete generar 30.000 nuevos empleos privados, $40.000 millones adicionales de inversión en investigación, desarrollo e innovación al año y US$500 millones de ahorro de divisas anuales.
Según el Gobierno, por ejemplo, el desarrollo de las principales tecnologías utilizadas en los celulares proviene del poder de compra del Estado. En el caso local, señala el desarrollo de tecnologías de punta como los tubos sin costura y la formulación, llenado y empaquetado de vacunas y productos biotecnológicos por el mismo motivo.
El proyecto no parte de cero: hoy, según señala la presentación del proyecto, el 65% de los proveedores del Estado son empresas privadas nacionales y el 97% de las empresas proveedoras son pymes.
Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, explicó que esta ley se enmarca en los seis proyectos prometidos el primero de marzo en la apertura de sesiones legislativas. A su vez, recordó que ya se enviaron dos proyectos más: el de la industria del cannabis para uso medicinal que tiene media sanción en Senadores; y la ley automotriz, que está en este momento para ser tratado en la Cámara de Diputados.
Fuente: TN
