El Gobierno ordenó este viernes elaborar y aprobar un “Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar de Alquileres Formales”, con el objetivo de obtener información sobre las personas que incumplieron contratos de locación y podrían ser echadas de sus casas próximamente.
Mediante la Resolución 88/2021, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, las autoridades nacionales establecieron un mecanismo para recopilar datos “sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales” contra determinados inquilinos.
Puntualmente, se busca evitar un posible perjuicio contra aquellos que se vieron beneficiados por el congelamiento de los alquileres, medida que se tomó inicialmente al comienzo de la cuarentena y que después se fue prorrogando sucesivamente.
En la última oportunidad, también se aumentó de 6 a 12 el número máximo de cuotas que los locatarios tienen para saldar las deudas por “diferencia de precio y por falta de pago, pagos realizados fuera de los plazos contractuales pactados o pagos parciales”.
Luego de casi un año de vigencia de este beneficio,recientemente se confirmó el descongelamiento de los precios de los contratos de alquiler y del decreto que suspendió los desalojos por falta de pago: ambas cosas dejarán de estar vigentes a partir del 1º de abril próximo.
Ahora lo que se hizo fue, además, convocar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como así también a otros organismos nacionales y provinciales, a suscribir a un acuerdo de cooperación para informar sobre procesos de desalojo que ya hayan comenzado o pudieran iniciarse.
Fuente: NA
