Tras el escándalo que marcó la salida de Ginés González García del Gobierno, jueces federales con asiento en Comodoro Py recibieron otras denuncias en las últimas horas sobre la aplicación irregular de la vacuna contra el coronavirus a funcionarios, políticos, sindicalistas, periodistas amigos o familiares. Todas fueron remitidas al juzgado de María Eugenia Capuchetti que investiga, junto al fiscal Eduardo Taiano, la denuncia contra el exministro de Salud y Horacio Vervitsky.
Los colegas de Capuchetti le envían las causas que reciben al despacho del cuarto piso en torno al caso, casi sin leerlas. La titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7 recibió la primera denuncia formal, realizada por el fiscal Guillermo Marijuán por el vacunatorio VIP que funcionó con personal del Hospital Posadas. En consecuencia, concentra todos los expedientes que guardan relación, indicaron fuentes judiciales. Ahora, el fiscal evalúa si amplía las imputaciones.
Pese a la advertencia de Alberto Fernández a la Justicia por el vacunatorio VIP, fiscales y magistrados de todo el país se muestran decididos a avanzar sobre el tema.
En Olavarría el juez federal de Azul Gabriel Di Guilio aceptó la competencia de la causa por la pérdida de 400 dosis de la Sputnik V en el Hospital de Oncología por considerar que los imputados, los directores del hospital y el director de la Región Sanitaria, pudieron haber puesto en riesgo la salud pública.
Al mismo tiempo, la justicia bonaerense investiga un vacunatorio VIP en San Nicolás, distrito del interior de la Provincia de donde son oriundos González García y su sobrino Lisando Bonelli, quien era su jefe de gabinete en el Ministerio y que también fue vacunado por fuera de protocolo.
El Hospital San Felipe fue allanado este martes por orden de la fiscal Verónica Marcantonio, con la finalidad de secuestrar documentación que podría probar la existencia de vacunaciones irregulares. La causa podría pasar al fuero federal, aunque aún no hay confirmación.
El delito, configurado en el artículo 205 del Código Penal, es el que -en primera instancia- habilita al fuero federal a mirar de cerca las causas que se están abriendo en las provincias, como Córdoba, Salta, Buenos Aires y Jujuy por aplicaciones fuera de protocolo e irregularidades en la distribución.
En Córdoba, la Justicia Federal analiza la denuncia que hicieron el diputado Luis Juez y el senador Ernesto Martínez sobre la existencia de un vacunatorio VIP en esa provincia. Aseguran que existe un listado de funcionarios y amigos que habrían sido inmunizados por fuera del protocolo.
Los magistrados no solo consideran la tipificación sino también el hecho de que la vacuna es un bien que fue adquirido con fondos federales y, de probarse alguna injerencia, la calidad de agentes naturales del Gobierno federal de los gobernadores.
Fuente: TN
