Tan sólo 24 horas después de que la vicepresidenta Cristina Kirchner le pidiera a la Corte Suprema que frenara el pase a los tribunales de Comodoro Py de la causa por espionaje ilegal que involucra a exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri, el presidente Alberto Fernández dijo este sábado que “es muy difícil hacer una mejor democracia y una República más sólida con jueces que acuden en socorro de sus mandantes políticos o corporativos”.
A través de un mensaje publicado en su perfil de Twitter, el mandatario señaló que “es imperioso abordar cambios que le devuelvan a la Justicia el prestigio que unos pocos jueces y fiscales le han hecho perder”.
Estos dichos del jefe de Estado ocurren tras la decisión adoptada el viernes por la Cámara Federal de Casación Penal, que dispuso que la causa por espionaje ilegal que involucra a exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri pase a los tribunales federales de Comodoro Py.
Alberto Fernández se refirió en las redes sociales a un hilo de tweets publicados por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, referidos a la escasa confianza que los argentinos tienen en el proceder de los funcionarios judiciales.
La decisión del máximo tribunal penal del país se produjo antes de que el magistrado federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, a cargo de la investigación, pudiera resolver la situación procesal de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, para quienes los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide habían reclamado sus procesamientos.
El expediente estará ahora en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, y tendrá como fiscal a Carlos Stornelli. Éste se encuentra procesado por espionaje ilegal, en una causa que se tramita en el juzgado federal de Dolores que encabeza Alejo Ramos Padilla.
Ahora, sólo una intervención de la Corte Suprema de Justicia podrá evitar que el expediente se asiente en forma definitiva en los tribunales ubicados en la calle Comodoro Py 2002, en Retiro.
Sin embargo, las fuentes consultadas revelaron que el abogado Carlos Beraldi, que representa a la vicepresidenta Cristina Kirchner -querellante en esa investigación- formulará un pedido en este sentido.
El máximo tribunal no suele hacer lugar a esos planteos porque sostiene que los conflictos de competencia deben ser dirimidos por el propio tribunal superior en materia penal, que en este caso es la Cámara Federal de Casación.
Esta entrada ha sido publicada el 14 de febrero, 2021 09:04
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