Las casi 10 millones de solicitudes de inscripción que recibió el Gobierno para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 encendieron una alarma en la Casa Rosada. La realidad superó ampliamente las estimaciones iniciales sobre el universo de posibles necesitados de esa asistencia salarial.
Un informe realizado por el Ministerio de Economía cruzó datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de Indec con los de Anses para poder hacer una radiografía completa de la población que había acudido al Estado a pedir una ayuda en medio de la pandemia. En ese estudio, detectaron que -de unos 6,1 millones de potenciales beneficiarios del IFE-, el 64% es pobre y el 17,9% es indigente.
El objetivo de la implementación del ingreso de emergencia fue, explica el informe oficial, hacer foco “en un sector que hasta este momento de la pandemia se había mantenido fuera del paraguas del Estado“. Los principales destinatarios del bono fueron desocupados, cuentapropistas -incluyendo monotributistas-, empleados informales y trabajadores de casas particulares.
“Del total de personas plausibles de solicitar el IFE, alrededor del 42,5% son asalariados/as informales, el 35,6% son cuentapropistas, el 18,3% son desocupados/as y el 3,7% son trabajadoras de casas particulares”, señala el reporte.
Utilizando la información del Indec sobre condiciones de vida, el estudio realizado por la Dirección de Economía, Igualdad y Género que encabeza Mercedes D’Alessandro llegó a distintas conclusiones. Entre ellas, que la informalidad laboral entre los jóvenes en condiciones de cobrar el IFE es casi total.
“Los/as jóvenes de 18 a 25 años son, dentro de este universo, mayoría entre los asalariados informales y los desocupados, además de que tienen las tasas más altas de pobreza junto el grupo etario de 46 a 65 años (en indigencia, en cambio, son las personas entre 36 a 45 años las más afectados). Los más jóvenes son casi en su totalidad informales (98,8%)“, relevaron.
Respecto a la pobreza y la indigencia, que representan al 64% del total de población contemplado en el IFE, la peor parte se la llevan los desocupados. En ese subgrupo, el 74,2% se ubica bajo la línea de la pobreza y el 34,4% es indigente. Entre cuentapropistas y empleados informales el porcentaje de pobreza es de 63,6% y 60%, respectivamente.
En cuanto al empleo en casas particulares, a pesar de tener el sueldo promedio más bajo de toda la economía –$8167– y de ser uno de los sectores con mayores índices de informalidad, la incidencia de la pobreza es menor: llega al 45,9%. El 96% de los trabajadores de este rubro son mujeres.
El estudio analizó en qué sectores se desempeña el grupo de población objetivo del IFE. Casi la mitad, concluye, corresponde al rubro construcción (17,4%), comercialización directa (15,8%) y servicios doméstico (11,9%). “El 77,7% de la población ocupada que potencialmente puede recibir el IFE trabaja en actividades que se ven extremadamente restringidas por las políticas de aislamiento social”, explicó.
Además, relevaron que el IFE se otorgó en “un 43,8% a hogares unipersonales,que constituyeron el 63% del IFE 2 -es decir, excluyendo a los titulares de AUH-. De acuerdo a la EPH, estos hogares representan apenas 13,4% de la población total”, afirmaron.
La Dirección de Economía, Igualdad y Género marcó una “paradoja” distributiva del IFE en este marco de emergencia. Básicamente, que tuvo que llegar una pandemia para que el Estado reconozca como un trabajo remunerado a las tareas domésticas.
El 13,2% de las personas registradas como inactivas son consideradas “amas de casa”. “Se puede pensar que un efecto no esperado del IFE es esta distribución positiva en términos de género que reconoce tareas domésticas y de cuidados no remuneradas, las cuales son realizadas en un 76% por mujeres“, indicó el estudio realizado por Mercedes D’Alessandro, Sol Prieto, Victoria O’Donnell y Florencia Tundis.
“Las casi 10 millones de personas que se inscribieron para recibir el IFE y las 7,8 millones que lo recibieron constituyen una señal de alerta de la crisis generada por la pandemia, que además refleja condiciones estructurales de la sociedad argentina. El análisis de quienes conforman la población objetiva del IFE a lo largo de los últimos cuatro años muestra que si bien el IFE se trata de una política de emergencia, la inestabilidad de ingresos es una condición que trasciende la emergencia” concluyó el informe.
