Luego de un largo período de estudio, con varias idas y vueltas, el Gobierno busca avanzar en el reordenamiento de las pensiones por discapacidad, con el objetivo de agilizar y transparentar su otorgamiento, pero al mismo tiempo revisar los casos de aquellos beneficiarios que no cumplen con los requisitos. Por eso, en las próximas horas, publicará una resolución con el objetivo de realizar una renovación progresiva de los certificados médicos de los titulares y los datos de más de un millón de personas.

Pero en el Gobierno el tema se mantuvo en agenda: la sospecha gira en torno al súbito crecimiento de la cantidad de pensiones por invalidez laboral otorgadas durante la década kirchnerista, cuando se pasó de unas 170 mil pensiones a más de un millón de beneficiarios.

Actualmente, según información oficial aportada por la Agencia de Discapacidad; hay 1.044.000 beneficiarios que deben cumplir con los requisitos que establece el decreto 432/97 que complementó la Ley 13.478. Esto es poseer una incapacidad laboral total y permanente del 76%, no estar amparado por un régimen previsional u otra prestación no contributiva; o no contar -el beneficiario o su grupo familiar- con ingresos o recursos.

Los beneficiarios por la pensión por invalidez en febrero cobraron $6.516,37 y desde marzo recibirán $7.287,25.

El plan de transparencia, avisan en el Gobierno, se dará de forma progresiva pero constante.
La depuración implicará que a lo largo de este año la Agencia convoque a unas 120 mil personas para actualizar datos.

Pero habrá otras dos medidas sobre las que se trabajará en paralelo. En principio, tras la emisión de la resolución 268/2018, que estableció un nuevo circuito de control de la información, la Agencia comenzó a relevar presuntas incompatibilidades económicas y a notificar a los beneficiarios involucrados para que hicieran su descargo en oficinas de ANSeS en un plazo de diez días hábiles, con un período de gracia de otros 30 días más.

Fuente: Clarín