El Gobierno negocia cambios al proyecto de ley de alquileres que ya arrancó a ser tratado en el Congreso la semana pasada y que levantó críticas de empresarios del sector e incluso del propio oficialismo.
En una reunión entre funcionarios nacionales, referentes de cámaras inmobiliarias, martilleros y el diputado de Cambiemos, Daniel Lipovetzky, autor de la iniciativa, se acordó avanzar en algunos cambios al texto, e incluso está en estudio reglamentar la habilitación de desalojos exprés ante incumplimiento de contrato por parte del inquilino, según confirmaron a TN.com.ar fuentes privadas y oficiales.
El proyecto -adelantado por TN.com.ar- ya obtuvo dictamen de comisión en la Cámara de Diputados y quedó en condiciones de ser debatido en el recinto. La norma recibió fuertes críticas de todo el sector inmobiliario, desde donde aseguraron que una norma de este tipo encarecería los precios y provocaría el retiro propiedades del mercado de alquileres.
Por esto, el Gobierno activó una reunión entre todas las partes, a excepción de las asociaciones de defensa de inquilinos que habían participado de la redacción del texto original. Varios de los presentes en el encuentro coincidieron en considerarlo como “muy positivo”.
De los puntos principales del proyecto, los referentes del sector plantearon su disconformidad con casi todos, aunque los más relevantes a ser rebatidos tienen que ver con la actualización semestral de los valores de los alquileres, que según la iniciativa seguiría un indicador creado ad hoc por el Indec y que combine los índices de inflación y de variación del salario y la flexibilización de garantías.
La idea que sobrevoló la reunión fue cambiar esa regla de reajuste por una que siga la evolución del índice UVA. “Es mucho más simple, se publica todos los días y no necesita la creación de un indicador para este caso particular por parte del Indec. De esta forma se evitarían conflictos a la hora de negociar renovaciones”, explicó el presidente de Reporte Inmobiliario, José Rozados.
Respecto a las garantías, el sector inmobiliario reclamó que las cinco variantes que habilita el proyecto (garantía real, aval bancario, seguros de caución, garantía personal con certificado de ingresos o garantía de fianza) no sean de aceptación “obligatoria” del propietario sino que sea de común acuerdo con el inquilino.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Alejandro Bennazar, presente en el encuentro, planteó “la reglamentación de desalojos inmediatos, que demoren entre 30 y 60 días, para bajar los costos de la garantía”. Según su visión, “ya que traemos este sistema de garantías desde el exterior, también deberíamos avanzar en esa dirección, ya que actualmente tardan entre seis meses y un año”.
Consultado sobre este tema, Lipovetzky desmintió que pueda ser incorporado al proyecto. “No tenemos la competencia como comisión de Legislación General de reglamentarlo. Los juicios de desalojo corresponden a la justicia de cada provincia”, dijo ante este medio.
En tanto, fuentes de la Casa Rosada admitieron que esta opción está “en estudio”. Si bien técnicamente no podría ser incluido en esa iniciativa, en el Ejecutivo lo ven como una opción eventual para llegar a un consenso y habilitar un acuerdo.
Otros puntos del proyecto también estuvieron en discusión. El plazo mínimo del contrato de locación, previsto en tres años, no fue bien recibido por el sector inmobiliario pero estarían dispuestos a aceptarlo, mientras que la obligatoriedad de registrar los contratos en AFIP pasará a ser opcional “en pos de obtener beneficios y certificaciones fiscales”, explicaron desde la Secretaría de Vivienda.
“Se logró construir un borrador que baje las barreras de acceso al locatario, dándole seguridad jurídica al locador y reconociendo los derechos de los corredores inmobiliarios en el cobro de honorarios por los servicios prestados a los propietarios, y a los inquilinos en el caso que se lo encarguen”, comentaron cerca del secretario Iván Kerr.
Fuente: tn.com.ar
Esta entrada ha sido publicada el 23 de octubre, 2018 09:38
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