El fiscal federal Germán Moldes pidió la detención del extitular K de la AFIP Ricardo Echegaray, en una solicitud que incluye a los empresarios Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa, que fueron liberados la semana pasada. La resolución del funcionario judicial es por la causa en la que se investiga la evasión de $ 8.000 millones por la falta de pago de la empresa Oil Combustibles al Estado por el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC).
El fiscal ante la Cámara Federal porteña hizo estos pedidos al apelar el fallo de la Sala I del tribunal, que liberó a López y De Sousa y que los benefició con un cambio de carátula de la causa, que pasó de la acusación de defraudación a la administración pública a apropiación indebida de tributos. El pedido de Moldes será analizado por la Cámara Nacional de Casación Penal, el máximo tribunal del país en esta materia, que también revisará el planteo que hizo la AFIP.
En su resolución Moldes advirtió en su resolución que Echegaray “quebrantó el deber de fidelidad” al Estado y dio “cobertura” a los delitos cometidos por los empresarios López y De Sousa, al reclamar que se agrave la acusación contra el exjefe K de la AFIP y que se lo arreste. “Echegaray tenía todas las facultades, posibilidades y condiciones para desarrollar las acciones necesarias para percibir los tributos y regular los planes de facilidades a los deudores de la AFIP”, afirmó.
“El personal principal de la maniobra dilucidada en este legajo se llama Ricardo Echegaray, el ante todopoderoso jefe de la agencia recaudadora del Estado y ahora el tal vez tenido custodio de secretos comprometedores. Echegaray debe seguir la suerte de López y De Sousa en lo que a cautelares personales se refiere”, indicó Moldes.
“El fallo de Cámara es un sobreseimiento encubierto”
La semana pasada el fiscal anticipó que haría una presentación contra el fallo que tuvo los votos positivos de los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero, y que fue muy cuestionado por el Gobierno. El fiscal dijo que la resolución era un “sobreseimiento encubierto” y que “resulta imprescindible, inevitable” que Casación analizara la resolución.
En relación a la situación de Echegaray dijo que el fallo “implica un sobreseimiento porque, con otra calificación legal, le bastará con un pago, con acogerse a una moratoria, para liberarse de toda responsabilidad penal. Es decir, está marcando el camino hacia un cierre de esta causa”, advertió, en una entrevista con TN. “Si (López y De Sousa) tienen que estar presos, no entiendo por qué no tiene que estarlo Echegaray”, consideró.
El delito de “apropiación indebida de tributos” tiene una pena de dos a seis años de prisión para los autores (contribuyentes) y se agravaría en el caso de Echegaray por haber favorecido la comisión del delito desde su posición de funcionario público. Según el procesamiento que les había dictado el juez Julián Ercolini, López y De Sousa se beneficiaron de “modo sistemático y deliberado” de “facilidades de pago vinculadas al pago del impuesto a la transferencia de combustibles líquidos”, que les facilitó Echegaray entre mayo de 2013 y agosto de 2015, durante su gestión como titular del organismo recaudador.
Sospechas de pagos de coimas en la resolución de Cámara
Detrás del fallo que benefició a los empresarios K hay sospechas de corrupción, como lo denunció la diputada de la Coalición Cívica en Cambiemos Elisa Carrió. La legisladora amplió su denuncia ante el Consejo de la Magistratura por presunto pago de coimas a los camaristas Farah y Ballestero, que votaron a favor de la liberación de López y De Sousa.
La legisladora pidió que se determine si familiares de exdirectivos del Casino Puerto Madero (explotado por López) cumplen funciones para el juez Farah y además acusó a Ballestero por enriquecimiento ilícito a raíz de la compra de varios inmuebles, al hablar sobre la “llamativa declaración de bienes realizada por el magistrado el año pasado”.
La diputada se refirió a un artículo periodístico que indica que el abogado Jorge Mazzaglia, que tendría “llegada como pocos a los despachos de Comodoro Py”, y que había sido presidente del Casino Flotante de Puerto Madero. “Debiera investigarse qué tipo de vinculación mantendría a la fecha con éste último y con los magistrados denunciados”, reclamó la diputada.
“Debiera establecerse si el abogado nombrado tiene algún parentesco con Matías Jorge Mazzaglia, designado el 28 de noviembre de 2012 con una categoría presupuestaria equivalente al cargo de Secretario de Juzgado para desempeñarse en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional”, indicó Carrió en la ampliación de su denuncia.
Fuente: tn.com.ar
