El Gobierno nacional presentará en los próximos días una un decreto con serie de desregulaciones para el transporte de larga distancia. Allí, no sólo liberará las tarifas y en parte los recorridos que hacen las empresas, sino que bajará el nivel de condiciones de seguridad que deben respetar para circular.

El proyecto que viene trabajando el Ministerio de Desregulación y Transformación de la Nación a cargo Federico Sturzenegger, se conocerá en breve y apunta, según las autoridades libertarias, a “liberar y desregular” el sistema de transporte automotor y así generar más competencia y una mejor oferta. De esta manera, las transportistas habilitadas tendrán amplia libertad para fijar recorridos, horarios, modalidades y cuadros tarifarios de los servicios que vayan a prestar tanto de manera regular, como de forma temporal.

Uno de los puntos clave que pretende habilitar el Ejecutivo establece que los transportistas y empresas podrán fijar libremente los recorridos, y para eso podrán utilizar cualquier vehículo que cumpla con los estándares en materia de seguridad que estarán fijados por la Secretaría de Transporte. Esta flexibilidad puso en alerta a las compañías.

De acuerdo a lo que dejó entrever el Gobierno en su borrador, cualquier persona con un vehículo de más de ocho butacas podría obtener una habilitación para operar el servicio. A su vez, cambiarían los límites máximos de velocidad, que para los ómnibus son de 90 kilómetros por hora en zona rural y 100 en autopistas.

Además, se suprimiría también la obligación de mantener las rutas menos rentables. Hoy el transporte de larga distancia opera en más de 1.600 destinos, casi 30 veces lo que conecta el transporte aéreo nacional, que llega a 55 ciudades. Un ejemplo de esto es el servicio denominado “lechero”, que en la provincia de Buenos Aires conecta inclusive a pequeños pueblos.  

Asimismo, la gestión libertaria quiere que las empresas no tengan la obligación de tener que utilizar las terminales de pasajeros de cada lugar para las salidas, paradas intermedias y llegadas de sus servicios. Es decir, serán ellas las que decidan los sitios donde recoger o dejar a los pasajeros.

En relación con las tarifas, se borrarían tanto los topes mínimos como los máximos. Mientras que los primeros apuntaron siempre a evitar el abuso de posición dominante entre empresas, los máximos son los que han garantizado que una persona con una urgencia médica, laboral o personal pueda viajar el mismo día sin tener que gastar cientos de miles de pesos en un servicio. Algo similar el Gobierno ya aplicó con los vuelos, donde liberó las tarifas y “le quitó privilegios” a Aerolíneas Argentinas, aunque hasta el momento eso no se reflejó en mejores precios ni condiciones.