En las próximas horas, el Gobierno Nacional hará oficial la vuelta a la presencialidad de los empleados público a partir del primer día hábil del mes de septiembre. En ese sentido, la medida se confirmaría a través de un DNU que modificaría la Resolución 62/2021 publicada en junio.
La misma establecía que los empleadores públicos o privados podrán convocar al retorno a la actividad laboral presencial a las y los trabajadores que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas autorizadas en nuestro país.
Se calcula de ese modos que alrededor de tres millones de empleados públicos podrían volver a la presencialidad, lo que implicaría la definición de cómo se organizara el transporte público. Además, las personas que se niegan a vacunarse estarán en el centro de debate y cada jurisdicción deberá planear la manera en la que implementará el retorno progresivo a la presencialidad.
Por su parte, Axel Kiciloff dispuso a fines de julio que los trabajadores estatales de la Provincia que hayan recibido la vacuna, pueden ser convocados a retomar sus tareas de forma presencial. Con tener una dosis de cualquiera de las vacunas habilitadas y luego de transcurridos 21 días de la inoculación, el trabajador se considera habilitado para el trabajo presencial.
El próximo paso que ya se oficializó en la Provincia de Buenos Aires es que también podrán ser convocados a trabajar de manera presencial aquellas personas que habiendo tenido la oportunidad de acceder a la vacunación, optaron por no inscribirse a vacunarse. A su vez, los inscriptos que no asistieron a su turno de vacunación por razones de índole personal también podrán ser convocados a regresar.
A la expectativa del crecimiento de los contagios de la variante Delta del coronavirus, los avances de la vuelta a la presencialidad plantean varios interrogantes. En ese contexto, el principal eje del debate radica en aquellos trabajadores que momentáneamente no se hayan vacunado o los que hayan tomado la decisión de no recibir la vacuna.
