Su propósito básico, como auxiliar de la justicia, es la prevención del delito pero a través de la inclusión social, a fin de que quienes tienen/tuvieron cuentas pendientes con la ley penal puedan superar la vulnerabilidad socioeconómica y evitar la discriminación.
El Patronato de Liberados no tiene la responsabilidad absoluta sobre la reincidencia delictiva de las personas.
En la delegación Bahía Blanca, en particular, desde 2016 a la fecha creció claramente el número de tutelados (personas a las que deben acompañar) aunque se recortó el equipo de operadores.
Antes eran 35 y ahora son 28, 18 son asistentes sociales, mientras que el resto son abogados, psicólogos, un técnico y dos administrativos. Jubilaciones, traslados y fallecimientos, sin recambios. Tampoco alcanzan los insumos ni los recursos técnicos: tienen un solo auto para recorrer la ciudad y Coronel Rosales o distritos más lejanos, como Carmen de Patagones. Deben pedir turno cada vez que viajan.
Para Viviana Marfil, de ATE “así no puede trabajar el Patronato de Liberados; cada trabajador tiene 50 casos a cargo y no está en condiciones de hacer la función que corresponde”.
Las falencias en el funcionamiento del Patronato de Liberados se dan en un marco de crecimiento exponencial de la sobrepoblación carcelaria.
