El caso de Francisca “Frany” Pérez, influencer involucrada en una presunta estafa por la reventa de entradas para el partido Argentina-Brasil, continúa sumando capítulos. Su abogado, Maximiliano Gorg, brindó detalles claves sobre la situación legal de su defendida, que todavía no declaró ante la fiscalía, pero que, según el letrado, se presentará espontáneamente cuando se determine el rumbo judicial de la causa.
“La situación es muy delicada, hay mucha gente damnificada y lo entendemos. Pero también hay una chica joven que fue amenazada, extorsionada y que entregó casi 300 millones de pesos a una persona que le prometía conseguir las entradas”, sostuvo Gorg en declaraciones a Siete Mundo. Según precisó, Francisca transfirió 282 millones de pesos a Julián Bisignano, con el que tenía un vínculo comercial desde mediados de 2024, y que le habría cumplido en entregas anteriores de entradas para partidos de fútbol, lo que generó confianza.
En el expediente judicial constan transferencias bancarias, audios y mensajes que, según el abogado, muestran cómo la influencer fue presionada para entregar más dinero. “Las amenazas existieron, fueron muy fuertes, muy oscuras. Ella tuvo miedo y por eso no salió públicamente a hablar”, explicó Gorg. “Hay frases peligrosas, menciones a gente pesada. La extorsión está clara: ‘Dame más plata o no tenés entradas’”.
El abogado también apuntó a que la mecánica de reventa de entradas para eventos deportivos es una práctica con poca transparencia y difícil trazabilidad: “Este hombre le decía que tenía contactos en AFA. Francisca está totalmente fuera del ambiente futbolístico. Ella vendía lo que él le decía que tenía, y cumplía. Hasta que todo cambió”.
De acuerdo al relato de Gorg, en este caso específico Pérez esperaba recibir más de 1.800 entradas, pero sólo le fueron entregadas 150, cuatro días antes del partido. Con ese número muy por debajo de lo prometido, se vio superada por las circunstancias. “Ella no recibió ese dinero de la gente para transferirlo, lo puso de su bolsillo. Lo pidió prestado. Nadie en su sano juicio pensaría que alguien con su perfil público mancharía su nombre por una comisión. Lo que ocurrió fue otra cosa”, afirmó.
Sobre la posibilidad de que Pérez devuelva el dinero a los damnificados, el abogado reconoció no tener confirmación, pero no lo descartó: “Si su familia está juntando plata para devolverle a quienes confiaron en ella, me parece bien. Lo civil es una cosa, lo penal es otra. Y en lo penal, lo que vamos a demostrar es que ella no tuvo intención de estafar”.
El caso, que involucra delitos como amenazas, extorsión y estafa, podría unificarse en una sola causa. La fiscalía deberá determinar el alcance de la maniobra y el grado de responsabilidad de cada parte. Mientras tanto, más de mil personas siguen esperando respuestas.
