El caso de la influencer Frany Pérez ha generado un gran revuelo en Argentina tras las denuncias de cientos de personas que aseguran haber sido estafadas en la compra de entradas para el partido entre Argentina y Brasil. La situación ha escalado al punto de involucrar tanto aspectos civiles como penales.
Maximiliano Gorg, abogado de la influencer, explicó la posición legal de su defendida y aclaró la situación con respecto a los compradores. “La gente le compró a ella porque confiaba en ella, y me parece lógico que le exijan explicaciones”, señaló. Sin embargo, según su defensa, Pérez no se habría quedado con el dinero, sino que lo habría transferido a un proveedor de tickets.
La comercialización funcionaba de la siguiente manera: los compradores pagaban un anticipo del 50%, Pérez transfería ese dinero al proveedor, recibía las entradas y luego cobraba el otro 50% al momento de la entrega. En este caso, la influencer realizó la transferencia al proveedor, pero al recibir las entradas, descubrió que solo le habían enviado una parte, desencadenando el conflicto.
La cifra del dinero involucrado es impactante: los anticipos rondaban entre los 280 y 300 millones de pesos, afectando a unas 400 personas, con un total de 1.600 entradas comprometidas. “Es entendible que la gente se sienta perjudicada, porque la plata se la dieron a ella, pero lo que le haya pasado a ella con su proveedor es un problema distinto”, argumentó Gorg.
Desde el punto de vista penal, Gorg sostiene que para que exista estafa debe haber “un beneficio económico, un engaño y la posibilidad de disponer de los fondos o de los bienes adquiridos”. Según su argumento, Pérez no habría retenido el dinero ni las entradas, sino que todo estaría en manos del proveedor, lo que eximiría a su defendida de responsabilidad penal.
“Desde el punto de vista penal, si hay alguien que está estafando a la gente, es él”, afirmó Gorg. Sin embargo, en el plano civil, la situación es diferente. “Legalmente, si la plata te la di a vos, vos sos responsable por lo que hacés con mi plata”, explicó. Esto significa que, aunque Pérez no haya tenido intención de estafar, sigue siendo responsable de devolver el dinero a los damnificados.
El abogado también aclaró que existen comprobantes de las transferencias realizadas al proveedor y que todo estará disponible cuando la fiscalía lo requiera. Sin embargo, aún persiste el interrogante sobre cómo se resolverá la situación para los afectados, ya que Pérez no tendría los fondos disponibles para realizar la devolución de inmediato.
A esto se suma la sospecha sobre la legalidad del negocio de venta de entradas. “Francisca no se puso a vender entradas por su cuenta, sino que actuó como intermediaria. Si hay una irregularidad en la reventa, eso deberá explicarlo el proveedor“, sostuvo Gorg.
Además, según el abogado, la influencer ha sido víctima de amenazas y extorsiones por parte del proveedor, lo que agrava la situación. “Es un ambiente en el que se vio superada. No sabía con quién estaba tratando”, agregó.
Esta entrada ha sido publicada el 25 de marzo, 2025 11:57
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