El Sindicato de Trabajadores de Vialidad Nacional se encuentra en alerta tras una reunión en la que el administrador del organismo, el ingeniero Marcelo Campoy, anticipó una reestructuración que podría incluir la reducción de hasta el 30% del personal a nivel país. Eduardo Palomo, secretario general del gremio, expresó su preocupación por el posible desmantelamiento de la institución y la pérdida de puestos de trabajo.
La situación se desencadenó la semana pasada, cuando Campoy se reunió con los representantes de los gremios en la casa central de Vialidad Nacional. Allí, comunicó verbalmente que se espera un decreto que cambiaría la denominación del organismo y reduciría su estructura. “Nos dijeron que se viene un decreto esta semana o la próxima, que cambiaría la denominación de Vialidad Nacional, algo similar a lo que pasó con la FIP ahora ARCA”, explicó Palomo.
El secretario general detalló que la medida responde a un pedido del ministro de Economía, Luis Caputo, y del asesor Federico Sturzenegger. “Esto conlleva a desmantelar un poco a Vialidad Nacional, dejarla sin funciones, y el desguace total de los trabajadores, calculando un 30% de reducción”, afirmó.
Aunque aún no se conocen cifras exactas sobre cómo afectará la medida a la región, Palomo advirtió que cada distrito tendrá que notificar a la central sobre los trabajadores que están “sin funciones” o con sumarios. “En Bahía todavía no sabemos cuántos trabajadores podrían ser afectados, pero esto dependerá de las políticas que se apliquen en cada distrito”, señaló.
El dirigente aclaró que la reestructuración no tiene relación con la empresa Corredores Viales, creada en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri. “Esto no tiene que ver con Corredores Viales, sino con un decreto que cambiaría la denominación de Vialidad Nacional y desmantelaría su estructura actual”, remarcó.
Palomo destacó que la medida afectaría a empleados de todas las categorías, sin distinción entre contratados y planta permanente. “Acá no tiene que ver si sos contratado o planta permanente; todos están metidos en la misma bolsa”, afirmó. Según explicó, los trabajadores de planta permanente podrían ser trasladados a otras dependencias después de un año, mientras que el resto recibiría intimaciones directas o candados, según las necesidades de cada distrito.
El secretario general del gremio expresó su preocupación por el impacto social y laboral que tendría esta medida. “Nos preocupa mucho el desguace de Vialidad Nacional y la posible pérdida de puestos de trabajo. Esto no solo afecta a los trabajadores, sino también a las comunidades que dependen de las obras viales”, sostuvo.
Palomo adelantó que el gremio está evaluando acciones para defender los puestos de trabajo y garantizar que se respeten los derechos de los empleados. “Vamos a estar atentos a lo que decida el gobierno y no descartamos movilizaciones si es necesario”, concluyó.
