El presidente del Colegio de Martilleros, Carlos Esteban, informó sobre una denuncia presentada contra un martillero colegiado que, pese a contar con su matrícula, no podría ejercer la profesión debido a que su título está bloqueado por desempeñarse como funcionario del Poder Judicial. Según las normativas vigentes, los empleados judiciales pueden colegiarse, pero el Poder Judicial les impide ejercer funciones vinculadas al corretaje o martillero público.
La denuncia registrada ante el Colegio de Martilleros señala una presunta defraudación por parte del profesional acusado. Según los detalles del caso, el martillero habría cobrado de manera anticipada los alquileres de un contrato hasta 2026. Sin embargo, solo habría transferido los pagos al propietario hasta noviembre de 2024, momento en el que cesó los depósitos.
El argumento utilizado para convencer al inquilino de abonar por adelantado, según Esteban, habría sido ofrecerle un descuento a cambio de este adelanto. Mientras tanto, el martillero pagaba al propietario mes a mes hasta dejar de hacerlo.
Investigación en curso
El caso fue denunciado por el propietario del inmueble, quien no recibió los alquileres correspondientes a partir de noviembre de 2024. Según Carlos Esteban, los rumores sobre la irregularidad comenzaron a circular por distintos medios locales, lo que motivó al afectado a presentar la denuncia formal ante el Colegio de Martilleros.
Actualmente, la denuncia se encuentra en etapa de análisis. El martillero acusado tendrá la oportunidad de ejercer su derecho a defensa y presentar explicaciones sobre lo ocurrido.
Aunque existen rumores de otros casos similares, hasta el momento no se han presentado más denuncias formales contra el mismo profesional. El presidente del Colegio de Martilleros recordó que los damnificados pueden realizar denuncias por mala práctica directamente en la institución sin necesidad de acudir al ámbito penal.
Carlos Esteban destacó que, al revisar el contrato, no se encontraron cláusulas que facultaran al martillero a cobrar dos años de alquiler por adelantado. Esto sugiere que el acusado habría actuado por cuenta propia.
