En las últimas semanas, el Molino Harinero de General Daniel Cerri, se ha convertido en el epicentro de un conflicto laboral que genera preocupación e incertidumbre en la comunidad. Julio Vidal, representante gremial de la Unión Molinera, denunció públicamente que los despidos de ocho trabajadores se realizaron bajo “causas inventadas” con el aparente objetivo de evadir el pago de indemnizaciones correspondientes.
Vidal detalló que tres de los despidos ocurrieron en diciembre, otros tres el lunes pasado y los últimos dos fueron notificados este miércoles. “La empresa había informado en diciembre que planeaban despedir a 10 personas, pero aseguraron que pagarían las indemnizaciones. Sin embargo, están utilizando estas artimañas para no hacerlo”, señaló el gremialista.
En respuesta, los trabajadores acudieron al Ministerio de Trabajo, donde la empresa presentó documentación que garantizaba la continuidad laboral. Sin embargo, las acciones posteriores contradicen esos compromisos, generando desconfianza en los empleados y el gremio.
El panorama actual refleja una relación completamente rota entre la empresa y sus trabajadores. Según Vidal, los representantes de la compañía han cerrado los portones de la planta, no responden llamadas ni dan explicaciones. “Hay compañeros que deben saltar alambrados para ingresar a trabajar. Incluso se ven privados de acceder a baños y otras instalaciones. Es inhumano lo que están haciendo“, afirmó.
El gremialista destacó que los despidos no solo afectan a los trabajadores, sino también a la comunidad de Cerri, ya que el molino es una de las pocas industrias grandes que quedan en la localidad. Además, denunció que el grupo empresario utiliza prácticas divisorias, como ofrecer retiros voluntarios o traslados selectivos al molino de Bajo Hondo, que también pertenece a la compañía.
“Ellos tienen recursos para invertir en megaproyectos como una planta de bioetanol, pero no quieren pagar indemnizaciones justas aquí. Esto no lo vamos a permitir”, afirmó Vidal. También recordó incidentes previos, como accidentes laborales graves, que reflejan una falta de compromiso con la seguridad de los empleados.
Entre las causas argumentadas por la empresa para justificar los despidos, se menciona que un trabajador se negó a realizar tareas un día en el que estaba de vacaciones, y que otro bloqueó el portón y amenazó a camioneros, aunque cámaras de seguridad y testigos desmienten estas acusaciones. “Tenemos pruebas contundentes y testigos que pueden respaldar nuestra postura”, aseguró Vidal.
El conflicto, que ha escalado en intensidad, está ahora en manos del Ministerio de Trabajo, donde se espera que se dicte una conciliación obligatoria. Mientras tanto, los trabajadores cesanteados y sus compañeros permanecen en la planta, exigiendo justicia y una resolución que garantice los derechos laborales.
