La política del Plan Hábitat, anunciada recientemente, surge a partir de un diagnóstico participativo llevado a cabo por el Consejo Local de Políticas Municipales de Hábitat. Este proceso permitió identificar las problemáticas de más de 11.500 familias que viven en asentamientos informales en la ciudad, lo que resultó en la necesidad urgente de diseñar instrumentos y estrategias para mejorar sus condiciones de vida.
Uno de los principales problemas señalados fue la dificultad para regularizar estas áreas en los mapas oficiales. Según el órgano de catastro, los barrios populares son considerados “manchas en un plano”, donde no se sabe quién habita o vive en esas tierras, debido a la falta de subdivisión. No obstante, estas parcelas, aunque no figuren correctamente en los registros, son el hogar de numerosas familias que enfrentan necesidades cotidianas. Este desajuste entre lo que aparece en el catastro y la realidad palpable de quienes residen en estos lugares es lo que el Plan Hábitat busca subsanar.
El primer paso, tras la aprobación de la ordenanza, es la creación del Registro Municipal de Hábitat Social. Este registro permitirá relevar socialmente cada casa, identificando y visibilizando a las familias que hasta ahora parecían “no existir” para las gestiones municipales. Se elaborarán nuevos mapas con información actualizada y detallada sobre la ocupación de estas zonas.
Uno de los aspectos clave de esta iniciativa es la emisión del Certificado Único Municipal de Hábitat. Este documento les permitirá a los residentes solicitar servicios esenciales como salud, educación, alumbrado, barrido y limpieza. Además, les otorgará un domicilio legal y la posibilidad de obtener su DNI en su propio hogar, regularizando su situación. De esta manera, las familias no solo serán reconocidas oficialmente, sino que también podrán convertirse en contribuyentes del municipio, accediendo a derechos y asumiendo obligaciones como cualquier otro ciudadano.
