Lucas Beir, abogado de los pescadores artesanales, expresó su sorpresa y desilusión ante el reciente fallo judicial en el caso de contaminación en Bahía Blanca.
Después de 13 años de investigación, Beir y los pescadores consideran que los hechos están claramente probados y que se configura un delito ambiental. Sin embargo, la jueza María Gabriela Marrón dictaminó que no existe delito, argumentando que no se demostró que algún director haya dado una orden directa a un empleado para arrojar residuos.
Beir sostiene que la contaminación no es un accidente aislado, sino una práctica sistemática respaldada por la voluntad de las personas jurídicas, en este caso, las empresas. “Los directores piden permiso a la autoridad del agua para arrojar sustancias nocivas y tóxicas, y lo hacen voluntariamente”, explicó.
Según su criterio, no es necesario demostrar una orden directa de un director, ya que la solicitud de permiso para arrojar residuos tóxicos ya implica una decisión consciente y voluntaria.
Otra de las controversias del fallo judicial es la interpretación de la jueza respecto a la autorización administrativa. Marrón argumentó que si los directores tenían una autorización administrativa, no cometieron delito. Sin embargo, Beir discrepa, citando varios fallos y opiniones de juristas que afirman que una autorización administrativa no exime de responsabilidad a los directores si se demuestra que hay un peligro para la salud pública.
En este caso, una pericia de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires demostró que los peces tienen 40 veces más metales pesados de lo permitido por el Código Alimentario Argentino, lo que representa un riesgo de enfermedades graves, incluyendo el cáncer.
Beir también destacó que existen leyes claras que prohíben arrojar sustancias tóxicas en áreas de pesca para consumo personal, como la Ley de Pesca y la Ley General del Medio Ambiente. Además, la Ley de Residuos Peligrosos establece que es ilegal arrojar estos residuos. “Una resolución administrativa puede autorizar hasta cierto punto, pero no considera el efecto acumulativo de 30 años de contaminación por parte de múltiples empresas“, afirmó.
En 2016, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca ya había dictaminado que la resolución administrativa no tenía vigencia en la ciudad y había ordenado a los organismos encargados a emitir una nueva resolución que analice no solo las características del estuario, sino también la acción sinérgica de todas las empresas contaminantes. Sin embargo, la jueza Marrón tomó un fallo contrario a esta decisión, generando una gran controversia.
