El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca condeno, en juicio abreviado, a tres policías imputados de los delitos relacionados con asociación ilícita y violación de deberes de funcionarios públicos en una investigación vinculada a la causa Suris. Los imputados, Rosamel Alberto Dodero, Alberto Luis González y José Luis Galarza, admitieron su culpabilidad y se sometieron a las sentencias acordadas con el fiscal de 3 años de prisión de ejecución condicional, por lo que no quedarán detenidos..
Los jueces señalaron que, según la evidencia, Rosamel Alberto Dodero formaba parte de un grupo delictivo, al menos durante el año 2013 que también incluía a los policías Javier Eduardo Urbano, José Luis Galarza y Alberto Luis González. La función principal de Dodero en esta organización criminal era proteger a todos los miembros involucrados en el tráfico ilegal de drogas.
Se comprobó en la investigación que el 5 de noviembre de 2013, por orden de Juan Ignacio Suris, Dodero retiró un vehículo policial que estaba estacionado cerca de una residencia en la calle Francia 428 de esta ciudad. Se cree que esta ubicación se utilizaba para la venta de sustancias estupefacientes. Esta información se respalda con escuchas telefónicas y transcripciones de comunicaciones realizadas por personal de la Delegación Departamental del Tráfico de Drogas Ilícitas de Bahía Blanca, las cuales fueron claras y determinantes en este caso.
Los datos que se encuentran en el expediente, confirman que existe una conexión real y continua entre el acusado y el líder de la organización. Durante el año 2013, desde su teléfono personal, el acusado realizó 124 llamadas a diferentes números utilizados por Juan Ignacio Suris. Además, mantuvo 12 llamadas con Yolanda Jiménez, 5 con Ferrari Reynoso y 6 con Guillermo Suris.
En el caso de Alberto Luis González, al menos durante el año 2013, formó parte de una asociación delictiva junto con otras personas investigadas. Su papel en esta organización criminal consistía en proteger a todos los involucrados en el tráfico ilegal de drogas.
Específicamente, se ha comprobado que el 2 de septiembre de 2013, González se comunicó con Juan Ignacio Suris. Durante esa llamada, informó a Suris que Aníbal Mario Arce, quien estaba bajo investigación en el caso mencionado, estaba siendo vigilado por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Bahía Blanca. Además, se ha acreditado que en esa misma conversación, González otorgó el consentimiento de la Jefatura Departamental de la Policía Provincial para que Juan Ignacio Suris llevara a cabo actividades ilegales en el Barrio Villa Mitre de esta localidad.
González a lo largo del año 2013 intercambió desde su propio teléfono 36 llamadas con diferentes abonados que eran utilizados por Juan Ignacio Suris.
En lo que respecta a José Luis Galarza, el tribunal señaló que su función principal era proteger a todos los involucrados en el tráfico ilegal de drogas. Específicamente, se ha demostrado que Galarza, como parte de su papel en la organización, el 14 de diciembre de 2013, cuando aún existía una orden de detención pendiente para Juan Ignacio Suris, le informó a Suris que se estaban preparando allanamientos en su contra. Galarza incluso le aconsejó a Suris sobre cómo y dónde presentar una denuncia falsa para adelantarse a los operativos. Llegó al punto de redactar la denuncia y acompañar a Guillermo Suris (hermano de Juan Ignacio) para presentarla, sabiendo que Guillermo se haría pasar por su hermano Juan Ignacio, quien se encontraba fuera de la ciudad de Bahía Blanca.”
Las penas impuestas a los acusados son las siguientes:
Rosamel Alberto Dodero fue condenado a tres (3) años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por diez (10) años para ejercer cargos públicos, empleos o profesiones públicas. Además, se le impuso la obligación de fijar domicilio, abstenerse de usar estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas, y realizar trabajos no remunerados en favor de una institución de bien público o privada durante dos (2) años y seis (6) meses.
Alberto Luis González también recibió una condena de tres (3) años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por diez (10) años para ejercer cargos públicos. Se le impusieron las mismas condiciones adicionales que a Dodero.
José Luis Galarza fue condenado a tres (3) años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por diez (10) años para ejercer cargos públicos. Al igual que los otros dos acusados, se le asignaron las condiciones adicionales de fijar domicilio, evitar el consumo de estupefacientes o abuso de bebidas alcohólicas, y realizar trabajos no remunerados durante dos (2) años y seis (6) meses en beneficio de una institución de bien público o privada.
