La Posta de inflamables del Puerto de Bahía Blanca se encuentra paralizada a partir de una medida de fuerza que lleva adelante el SUPA. El conflicto que comenzó en la empresa Energen, se extendió al resto de las empresas que operan en el sector.
La disputa entre el sindicato comandado por Marcelo Osores y la empresa tiene varias aristas. Hay reclamos laborales diversos, infracciones a la empresa labradas por el Consorcio de Gestión del Puerto por incumplimientos de contrato y denuncias en fiscalía por parte de los directores de la compañía que aseguran haber sido víctima de bloqueos, amenazas y presiones.
La situación escaló a tal punto que tuvo la participación de la dirigente de Juntos por el cambio e integrante del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), Florencia Arietto.
“Lo que está pasando en Bahía Blanca es gravísimo, una extorsión sindical del SUPA, uno de los sindicatos portuarios. Era un puerto petroquímico mayoritariamente, de movimiento de combustibles y de químicos. No se entiende qué hace SUPA, que hace estiba, mueve bultos. No es un puerto de contenedores. Marcelo Osores, secretario general del SUPA de Bahía Blanca, no es solamente quien tiene bajo extorsión a todas las empresas que operan en el puerto, sino que también tiene una silla en el consorcio en el puerto de Bahía Blanca. Nadie analiza la legalidad de esa situación. Después nos quejamos de los sobrecostos”, aseguró desde sus redes sociales Arietto, que además es abogada de la empresa Energen.
Arietto denunció que “hay que pagarle un peaje al SUPA, el que no lo hace no trabaja. Energen durante cuatro meses fue sistemáticamente bloqueada y extorsionada hasta que pidió ayuda al Movimiento Empresarial Antibloqueo”.
La firma que funciona en la posta de inflamables del puerto radicó una denuncia en fiscalía por esta situación.
Por otra parte, el gremio conducido por Osores también se presentó ante el Ministerio Público. Denunciaron a los empresarios por “amenazas, coacción y estafas reiteradas” en perjuicio de los trabajadores que realizan tareas en la firma.
El gremio acusa al empresario Marcelo Álvarez de hacer pasar a policías en actividad como empleados de la empresa, quienes habrían ingresaron a la misma con sus armas reglamentarias.
Además, en medio del conflicto se produjo el despido de 7 personas. Para la empresa esos empleados habrían realizado tareas de sabotaje en las instalaciones.
Por otra parte, desde el Consorcio de Gestión del puerto se mira con mucha atención la evolución del conflicto. Aseguran que distintas auditorías relizadas desde ese ente detectaron 20 irregularidades que podrían derivar en sanciones para la compañía.
Será el directorio del Consorcio, que se reunirá a fin de este mes quien determine qué tipo de sanción le corresponde a Energen. La más severa podría ser el retiro de la concesión.
La empresa denunció que el SUPA forma parte de una maniobra para que Energen se retire de la posta de inflamables y sea reemplazada por una empresa “amiga”.
Fuentes del Consorcio aseguraron a Canal Siete que, de cancelarse la concesión, ninguna empresa ingresará a la posta en el corto plazo. Por lo que el lugar podría ser administrado por el propio ente para evitar cualquier tipo de sospechas.
