En su más reciente plenario, el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur aprobó por unanimidad un proyecto que prevé la reparación documental sobre legajos laborales y ficha estudiantiles de integrantes de su comunidad universitaria resultaron víctimas del terrorismo de Estado. La resolución fue votada en la tarde del miércoles 26 de octubre y emitida al día siguiente.
La reparación documental implicará la inscripción de los delitos sufridos –detención, desaparición o asesinato – en la documentación en poder de la UNS sobre sus docentes, no docentes y estudiantes que padecieron persecución por razones ideológicas, política o gremiales, dejando constancia de las verdaderas causales que determinaron la interrupción de su desempeño laboral o estudiantil.
De acuerdo a la resolución, las tareas estarán a cargo de una Comisión Técnica integrada por docentes y no docentes de la propia UNS. Su composición fue aprobada también por unanimidad en la sesión del Consejo Superior del miércoles 26, en un segundo proyecto.
El grupo trabajará en la reconstrucción histórica y reparación documental. Para ello, articulará con el Archivo Nacional de la Memoria, organismos de derechos humanos de Bahía Blanca –como H.I.J.O.S. y la Red por la Identidad- y varios sectores de la propia institución: el proyecto de extensión “Construyendo Memoria, Verdad y Justica en Bahía Blanca. Reparación de legajos y promoción de Derechos Humanos”, el Núcleo Historia Reciente, la Unidad de Documentación y Archivo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Archivo de la Memoria y la Biblioteca Central.
La iniciativa encuentra como antecedentes trabajos similares desarrollados en YPF, el CONICET y otras Universidades Nacionales, como las de Buenos Aires, La Plata, Litoral, Luján, Mar del Plata, Tucumán, Córdoba y Rosario.
Durante el plenario del Consejo Superior en que se abordó el tema, el subsecretario de Derechos Humanos de la UNS, Claudio Gallegos, recordó que el relevamiento y la reparación de documentos de la Administración Pública Nacional relacionados con víctimas del terrorismo de Estado surge a partir del decreto 1199 que la entonces presidenta Cristina Fernández firmó en 2012.
“Diez años después, estamos logrando adaptarnos a esa normativa, reconociendo las reales causas por las que estas personas cesaron en sus funciones, siendo víctimas de violaciones a los derechos humanos”, puntualizó Gallegos.
El funcionario universitario valoró la voluntad política “de todas las personas que nos encontramos en este recinto” para emprender ese camino, y destacó que tal reparación permite ampliar el reconocimiento de la Universidad a los y las integrantes de su comunidad universitaria que recientemente fueron reconocidos en la figura de David “Watu” Cilleruelo, militante comunista estudiantil asesinado en 1975 y a quien recientemente se confirió un doctorado honoris causa post mortem.
El articulado de la resolución que determinó ese homenaje fijaba la necesidad de una reparación al conjunto de las víctimas. “Para llevarlo a cabo, hizo falta mucho trabajo y mucha militancia. Y en esta Universidad y en esta ciudad hace mucho que se viene militando y trabajando al respecto”, señaló el funcionario.
Este lunes 31, la agrupación H.I.J.O.S. celebró “la iniciativa institucional y el esfuerzo de muchos profesionales comprometidos, que fortalece la construcción de una Memoria y una reparación colectiva, que pueda abarcar a todas y cada una de las víctimas sin distinción”.
A su vez, la organización apuntó que la relevancia de la decisión radica “no solo en el orden de la individualidad de cada una de las víctimas, sino fundamentalmente para la reparación del tejido social, roto durante la dictadura genocida, pero también perpetuado durante años de silencio y ocultamiento de parte de la institución”.
En el mismo sentido, durante el plenario del Consejo Superior del miércoles 26, Gallegos recordó que el 24 de marzo de 2021, en su repudio al golpe de Estado de 1976, el propio cuerpo había señalado que “la UNS debe problematizar su propia historia y asumirse en su triple papel de víctima, escenario y victimaria de los crímenes” del terrorismo de Estado.
