Contaminación en la Ría: La justicia condenó a la Provincia, el Municipio, el Consorcio del Puerto y las empresas del polo a pagar una multa de 20 millones de pesos

El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Bahía Blanca hizo lugar a parte de la demanda presentada los pescadores artesanales que denunciaron la contaminación de la Ría.

En el fallo condenó a la Provincia de Buenos Aires, el municipio, el Consorcio de Gestión del Puerto y las empresas del polo al pago de 20 millones de pesos en “concepto de daño moral colectivo”.

Además, ordenó “a la Provincia de Buenos Aires y Municipalidad de Bahía Blanca que en el plazo de sesenta días presenten un plan para identificar la totalidad de los agentes contaminantes del estuario, modificar los parámetros de monitoreo de los efluentes de manera tal que los niveles permitidos sean calculados teniendo en consideración la carga total del volcado contaminante y asegurar un control eficiente”.

También se ordenó a Aguas Bonaerenses que cese con el volcado de líquidos cloacales sin tratamiento o con tratamiento deficiente en el Estuario de Bahía Blanca. También le pide que en un plazo de sesenta días presente un plan que prevea las plantas de tratamiento de efluentes cloacales necesarias para evitar la contaminación.

Como se mencionó, el juzgado Contencioso Administrativo condenó “a las demandadas Solvay Indupa S.A.I.C (Unipar Indupa S.A.I.C), Transportadora de Gas del Sur S.A., Petrobras Argentina S.A. (Pampa Energía S.A.), Compañía Mega S.A., Profertil S.A., Cargill S.A.C.I., PBB Polisur S.A. (PBB Polisur S.R.L.), Dow Quimica Argentina S.A., Aguas Bonaerenses S.A., Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, y las tercero citadas Municipalidad de Bahía Blanca, Azurix Buenos Aires S.A. en liquidación y Ace Seguros S.A. (Chubb Argentina de Seguros S.A.) a abonar en el plazo de sesenta días la suma de pesos veinte millones en concepto de daño moral colectivo, monto que deberá ser asignado a un patrimonio de afectación para el Estuario de Bahía Blanca, cuyo destino se definirá en la etapa procesal oportuna”.