Más de 1200 bibliotecas del país, podrían entrar en riesgo y encontrarse con serias dificultades para seguir con sus actividades si se continúa con la aplicación de la Ley 27.432. Por tal motivo, buscan interpelar a los actores políticos competentes con el objetivo de lograr su derogación.
La Ley 27.432, que se sancionó en 2017, modifica la ley de emergencia que permite la recaudación del Fondo Especial reconocido por la Ley 23.351 para las Bibliotecas Populares. A través de este, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) obtiene más del 50 % de los recursos distribuidos en subsidios y además, lleva adelante diferentes actividades.
Con la aplicación de esta nueva ley, a partir del 31 de diciembre de 2022, la CONABIP y, por ende, las Bibliotecas Populares dejarán de percibir los ingresos de este Fondo Especial que les permite llevar adelante diferentes acciones en las comunidades a las que pertenecen.
