La condena a Lázaro Báez y sus hijos por la causa de lavado de dinero podría tener importantes repercusiones en Bahía Blanca. La Justicia Federal de nuestra ciudad aguarda la publicación total del fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 que le impuso una pena de 12 años de prisión al empresario santacruceño por haber lavado cerca de 55 millones de dólares provenientes de la corrupción. Hasta el momento se conoció sólo la parte resolutiva.
El fallo además condena a otras 22 personas incluidos los hijos de Baéz. Martín recibió una pena de 9 años de prisión, Leandro fue condenado a 5 años de cárcel y Luciana y Melina recibieron una pena de 3 años de prisión en suspenso.
El tribunal oral encontró que los delitos precedente, es decir el origen del dinero ilegal era la defraudación al Estado causada por el direccionamiento de contratos de obra pública a favor de Lázaro Báez y la evasión impositiva de Austral Construcciones a través del uso intensivo de facturas truchas, investigada en los tribunales de Bahía Blanca.
En esa causa, en 2019, el juzgado del Dr. Walter López Da Silva procesó, sin prisión preventiva, a Lázaro Báez, como jefe de la asociación ilícita y a Silvio Ficcadenti, José Antonio Ferreyra y Rogelio Chanquía como coautores de ese delito
También fueron procesados, en este caso, como miembros de la asociación ilícita de Martín Báez, Franco Ficcadenti, Enzo Ficcadenti, Denis Ferreyra, Mario Sebastián Pedraza, Iván Fernando Pedraza y Néstor Manuel Piñeiro.
La justicia de nuestra ciudad evalúa si los hechos confirmados por el Tribual que condenó a Báez podría complicar aún más, la situación de los acusados de formar usinas de facturas truchas en nuestra ciudad.
Cómo era la maniobra
Según los informes de AFIP Calvento y Penta era proveedores falsos de Constructora Patagónica, quien luego la facturaba servicios a Austral construcciones.
Por eso el organismo recaudador resalta que a partir de ser falsos los costos de Constructora Patagónica, por lo menos en lo atiente al Grupo Penta y Calvento, se entiende que estaría sobrefacturando a Austral Construcciones para permitir la salida de dinero contable además de evadir IVA y ganancias.
La fiscalía concluye que gracias a la maniobra de asociación ilícita fiscal, Austral Construcciones blanqueó al menos 20 millones de pesos, producto de los sobreprecios.
En cuanto a la Afip, la fiscalía critica que cuando se advierten las irregularidades de Penta, no se lo incluye en el listado de usinas de facturas truchas. Creen que fue para que pueda seguir emitiendo facturas y no se impugnen las operaciones con Austral, la empresas de Lázaro Báez.
También la investigación remarca cómo se hacía la triangulación entre las empresas sospechadas. “Se advierte una típica maniobra para extraer dinero de la contabilidad, cuando se verifica una operatoria de sobrefacturación”, señala el escrito. Y cuenta el caso de Emilio Navarro, que fue empleado de Austral Construcciones, pero dirigía obras como dependiente del Grupo Penta. Esas obras era hechas para Constructora Patagónica, contratada por Austral Construcciones.
La actual inspección iniciada por la nueva administración de la AFIP sostiene que si se hubiera analizado la contabilidad de Constructora Patagónica, habrían advertido que el 50 % de sus costos deriva de empresas falsas. Y por lo tanto se hubiera llegado a Austral Construcciones, la última beneficiaria de esta cadena.
Por eso la fiscalía señala que “no hubiese sido posible el despliegue de semejante maniobra sin la connivencia, protección y apoyo interno del organismo recaudador”. Más adelante sostiene que “se verificaron claras maniobras activas de encubrimiento”. Y afirma que el “máximo exponente de protección” fue cuando Ricardo Echegaray disolvió la Dirección Regional Bahía Blanca.
En resumen, la fiscalía cree que AFIP encubrió a Báez y a los empresarios bahienses cuando cambiaron las jefaturas a cargo de las fiscalizaciones vinculadas con las usinas de facturas truchas, se evitó solicitar información a Austral Construcciones y se calificó rápidamente a Calvento como contribuyente apócrifo, pero se mantuvo como contribuyente normal al Grupo Penta, para justificar las operaciones que beneficiaban a Austral a través de Constructora Patagónica.
