La polémica decisión de otorgar el beneficio del arresto domiciliario a los detenidos por delitos leves y que estén en riesgo sanitario frente a la pandemia de COVID-19, disparó un fuerte debate en la sociedad y en los estamentos políticos y judiciales.
El Juez de Garantías Bahiense, Guillermo Mercuri, sostuvo que “los sistemas de monitoreo electrónico que la provincia dispone están agotados. No existe ninguna posibilidad efectiva de conseguirlos. Es decir no se va a poder recurrir a la famosa tobillera o pulsera electrónica para que la persona no pueda alejarse de determinado radio dentro de su domicilio porque no existen. No se va a poder conseguir ninguna”, sentenció.
Por otra parte dijo que cerca del 5% es el número de internos que pidieron la domiciliaria y que les fue otorgada por la Justicia.
Por su parte Pablo Radivoy, Defensor Oficial sostuvo que se han concedido cerca de 700 arrestos domiciliarios, entre 2300 pedidos. “Hay que aclarar que son arrestos, no liberaciones”.
Por otra parte también dijo que los penales no tienen posibilidad de adaptar sectores para personas de riesgo y tratar de disminuir la posibilidad de contagios.
Por otra parte sostuvo que desde el año 2014 vienen haciendo presentaciones por las malas condiciones en las que están los penales, sobre todo sanitarias, no solo hacinamiento. La capacidad en cárceles bonaerenses es para 25 mil personas y hoy hay 48 mil detenidos.
“Dentro de un penal, no podemos esperar que ocurra el primer caso. Porque de tener 200 va hacer colapsar el sistema de salud” agregó.
