Coronavirus en la cárcel. Posición desde la justicia Bahiense

Sigue la polémica en torno a la excarcelación de detenidos que integren la población de riesgo por el coronavirus, ante la posibilidad de contagio, en diversas unidades del país

En Bahia Blanca, semanas atrás se pronunció el fiscal General Juan Pablo Fernandez, indicando que los beneficios fueron muy pocos y la medida sigue siendo restricitiva

En la última semana, tambien se manifestaron familiares de victimas. Mediante un comunicado, explicaron que se entiende que la pandemia «modifica una nueva realidad», generando una problemática que incluye a todos, inclusive a «quienes estén privados de su libertad».

Explican que como víctimas representantes de toda la Nación, tienen la necesidad de «ser escuchados por las autoridades nacionales y/o provinciales en relación a las liberaciones que están otorgando en las diferentes instituciones carcelarias».

Además, explican que siempre se han manifestado de manera pacífica pidiendo una Ley que permita que sus derechos y garantías no sean vulnerados.

Con respecto a detenidos en Bahia Blanca y la Unidad de Saavedra, una alta fuente judicial consultada por Canal Siete, esta tarde, aseguro:  “el Poder Judicial de la Provincia de Bs As intenta enfrentar el problema, con los escasos medios legales que dispone. Desde el 17 de marzo, pese a todas las restricciones impuestas por la  cuarentena (falta de personal) los jueces penales bonaerenses tramitaron miles de causas, trasladando fuera de las penitenciarías 2267, otorgando prisión domiciliaria solo en favor de quienes hayan cometido delitos “leves” y se encuentren en grave “riesgo” por la precariedad de su salud, pero obviamente esta lejos de resolverse el problema de fondo: existen 24.000 cupos (camas) en el Servicio Penitenciario para más de 41.000 detenidos actualmente (esa es la famosa “sobrepoblación”).

“Los jueces nos ocupamos de la emergencia en el marco de nuestras competencias. Pero es claro que no sancionamos, ni modificamos, ni derogamos leyes. Tampoco diseñamos la política criminal, no administramos la cárcel, ni proveemos seguridad; carecemos de recursos y fueros para disponer las acciones ejecutivas necesarias y urgentes. Solo podemos aplicar la ley” finalizó