El Gobierno salió rápidamente a negar las acusaciones de “persecución” que hizo la expresidenta Cristina Kirchner previo al comienzo del juicio por corrupción en la obra pública. “Es un acto de justicia, con magistrados que fueron designados en su gestión o la de su marido”, le respondió el ministro de Justicia Germán Garavano.
Minutos antes la senadora de Unidad Ciudadana se refirió al proceso, a través de una serie de tuits, como “un nuevo acto de persecución” y lo vinculó al “objetivo” del Gobierno de “colocar a una expresidenta opositora en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial”. El debate empieza pocos días después de que sorprendiera con la confirmación de su precandidatura a la vicepresidencia, en una lista encabezada por Alberto Fernández.
La exmandataria llega al juicio procesada como jefa de una asociación ilícita que direccionó contratos de obra pública en Santa Cruz entre 2004 y 2015 por $ 46 mil millones a favor de Báez, otro de los que serán juzgados.
Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques analizaron los procesos de las 52 licitaciones que se adjudicó el Grupo Austral del empresario K. Determinaron que hubo sobreprecios promedio del 65% además de una gran cantidad de atrasos en las obras. Advirtieron que hubo complicidad de funcionarios en las ampliaciones de plazos y costos, entre otras irregularidades.
