Finalizó la ronda de declaraciones indagatorias en la causa de los aprietes de la UOCRA. Los testimonios más destacados fueron los de Humberto Monteros y José Burgos, quienes son señalados como los máximos cabecillas de la organización.
Ambos negaron ser los responsables de una asociación ilícita, defendieron las prácticas gremiales que llevaban adelante. También desmintieron tener relación con las empresas, que según la denuncia, les imponían como prestadoras de servicios a las compañías que ganaban las licitaciones para la construcción de obras viales.
Tanto Monteros como a Burgos están acusados de encabezar una asociación ilícita que extorsionaba a empresarios de la construcción, en el marco de más de 40 hechos. Al momento de su detención el líder de la seccional tenía $ 7 millones, además de armas y drogas.
Ahora resta saber si alguno de los dirigentes gremiales detenidos que se negó a declarar ante el llamado del fiscal. Una vez finalizado este paso, el fiscal Gustavo Zorzano estará en condiciones de pedir que la causa se eleve a juicio oral y público.
La acusación
El “modus operandi” consistía en pedir plata a las compañías o la contratación de empresas que estaban vinculadas a los gremialistas, con sobreprecios, lo que les dejaba importantes ganancias. Si los empresarios no accedían los sindicalistas amenazaban con paralizar las obras.
Por esta causa además están detenidos Pablo David Gutiérrez, Mario González, Raúl Erbin, Sergio Vázquez, Walter Paiz, Nelson Damián Cabrera, Carlos Carrillo, David Muñoz, Aníbal Aranda, Guillermo Molina, Sebastián Canales y Roberto Sabino Ríos.
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